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El ex arquitecto municipal no dio información privilegiada del PGOU a amigos

La Audiencia de Sevilla acaba de absolver al ex arquitecto municipal de Dos Hermanas, previamente condenado a pagar un millón de euros por dar información privilegiada a sus socios, porque la recalificación objeto del juicio era "de conocimiento público" y "difícilmente manipulable".

el 16 sep 2009 / 03:44 h.

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La Audiencia de Sevilla acaba de absolver al ex arquitecto municipal de Dos Hermanas, previamente condenado a pagar un millón de euros por dar información privilegiada a sus socios, porque la recalificación objeto del juicio era "de conocimiento público" y "difícilmente manipulable".

J.M.B., junto a dos socios y compañeros de profesión, fueron condenados a pagar sendas multas de un millón de euros y 600.000 euros por comprar en diciembre de 1999 una finca que con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue recalificada para uso residencial, lo que supuestamente les reportó un beneficio de 579.977 euros en tres meses.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla condenó a los tres por un delito de uso de información privilegiada pero ahora los jueces anulan dicha sentencia y consideran que en Dos Hermanas "era de general conocimiento" que la parcela, de uso docente, iba a ser recalificada para viviendas.

La Sección Séptima, en una sentencia a la que tuvo acceso la agencia Efe, dice que si bien el entonces arquitecto municipal era el encargado de coordinar el equipo redactor de PGOU, el grupo tenía una dirección colegiada y, además, sus decisiones "no eran vinculantes para el Ayuntamiento de Dos Hermanas".

El avance del PGOU, donde figuraba la recalificación de la finca, fue aprobado en un pleno de octubre de 1999, en una convocatoria que fue pública, como todas. Por tanto, la sentencia entiende que "la información relativa a la voluntad de recalificación era pública y estaba al alcance de cualquier ciudadano". Considera igualmente que el proceso de aprobación del PGOU "era difícilmente manipulable o influenciable" por el principal acusado, ya que tenía "diferentes fases e intervención decisoria de distintos organismos políticos y administrativos ajenos" a él.

Los vendedores, por su parte, "estaban en condiciones de conocer y conocían la voluntad del equipo de gobierno (PSOE) de recalificar y de hacerlo ya sin esperar a la aprobación del nuevo PGOU".

La primera sentencia aseguraba que J.M.B. desveló lo que sabía "a terceras personas, que resultan ser amigos y compañeros, con clara intención de conseguir un beneficio económico, que finalmente obtuvo".

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