En su afán por reducir el déficit estatal, el Gobierno de Mariano Rajoy centra ahora -y poco menos de una semana después de haber subido impuestos a través del IRPF- sus esfuerzos en luchar contra el fraude fiscal, lo que le puede reportar más de 8.000 millones durante este año. Así, lo explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien adelantó ayer que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones y que se centrará en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales. Además, limitará el uso de efectivo para evitar el fraude fiscal.
En este sentido, y tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.
La medida, aplicada ya en países como Francia e Italia -Roma ha limitado en 1.000 euros y París en 3.000 el máximo en metálico para transacciones-, según recordó Sáenz de Santamaría, es un elemento "muy claro" en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos, en palabras de la portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, quien añadió que es una manera "muy clarificadora" de detectar dónde se están produciendo grandes bolsas de fraude.
Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para aflorar el dinero negro, "ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales".
El plan de prevención del fraude fiscal presentado ayer operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades y la Seguridad Social.
El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.
Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.
La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas antiabuso son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.
Asimismo, se potenciará la autorregularización voluntaria, la autocorrección de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención on line de información tributaria personalizada y la formulación de consultas sobre el tratamiento de operaciones complejas.
Sobre la autorregulación voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones. "Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría.
Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".
Medidas en Andalucía. En la comunidad andaluza ya se han tomado medidas al respecto. Así, el pasado verano la Agencia Tributaria de la región y la estatal firmaron un convenio de intercambio de datos para perseguir la evasión de impuestos. Entre otras cuestiones, esta colaboración supone un mayor control de capital inmobiliario significativo o de lo que hacen los andaluces que heredan una propiedad en otra comunidad española.
Esta medida también estaba en el programa del PSOE. El que fuera candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró durante la campaña electoral que si llegaba a La Moncloa prohibiría el pago en efectivo de las facturas de más de 3.000 euros y, además, ampliaría a 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, frente a los cinco actuales.
