La exconsejera de Economía y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, está en el punto de mira después de que la jueza que instruye el caso de los EREle haya impuesto una de las fianzas más elevadas. Álvarez ocupa en este momento la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), institución que aseguró ayer estar al tanto de la fianza civil de 29,5 millones de euros impuesta a la vicepresidenta y reiteró que respeta el principio de presunción de inocencia de la exministra.
magda«Tenemos conocimiento de las últimas noticias habidas en la investigación que se lleva a cabo en relación con la presunta malversación de fondos en Andalucía y estamos siguiendo la situación de cerca», señaló una portavoz del BEI en unas declaraciones a Efe. «A este respecto estamos en contacto estrecho y constante con las autoridades gubernamentales españolas relevantes y respetamos, como no podría ser de otra forma, el principio de presunción de inocencia», recalcó la misma fuente en línea a lo que ya dijo recientemente el presidente del BEI, el alemán Werner Hoyer.
La jueza Mercedes Alaya impuso el miércoles una fianza civil de 29,5 millones de euros a la vicepresidenta del BEI, una institución con sede en Luxemburgo, por un caso de presunto fraude con fondos públicos para desempleados en Andalucía.
Según Alaya, Magdalena Álvarez fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo que calificó como «absolutamente inadecuado». Ante esta decisión judicial, Álvarez, exministra de Fomento del anterior Gobierno socialista y exconsejera Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, manifestó su «absoluta inocencia» con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de los que está imputada. Álvarez recordó que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación que ha presentado ante el tribunal y cuya fecha de deliberación está fijada para el 23 de abril.
En un auto difundido el miércoles, la jueza Alaya considera a Álvarez como artífice, «en connivencia con otros», de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011. Álvarez ha considerado la fianza «desproporcionada». Como vicepresidenta del BEI, Álvarez gana 22.963,55 euros brutos al mes y recibe 911,38 euros para gastos de representación y otros 3.444,53 euros para alojamiento, según consta en la página web de la institución.
La polémica petición de fianza a Álvarez provocó ayer un incendio político. El PP nacional optó por la prudencia. El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, aseguró que hay que tener paciencia y no caer en la frivolidad de pedir la dimisión de la exconsejera de Economía al frente del BEI. Sí la pidieron partidos con representación en el Congreso como CIU, ERCo UPyD.
Mucho más duro fue el PP en Andalucía. Su portavoz parlamentario, Carlos Rojas, acusó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de mandar «a sus portavoces y voceros a atacar de forma discriminada» a la justicia y a la jueza Alaya, y de «intentar acorralar» sus decisiones. Calificó de «gravísima» la acusación sobre Álvarez y manifestó que es una situación «muy delicada» para la jefa del Ejecutivo andaluz, porque «sabe que está aquí por los ERE pero también sabe que puede dejar de ser presidenta por el mismo asunto».
El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, replicó que no van a «estar callados» ante la instrucción, ya que cree que «puede terminar en nada si no se reconduce razonablemente» y puede producir la prescripción de los delitos.
