El juez que dirige el caso del accidente de Barajas no quiere ni agujeros ni demoras en su instrucción y por ello ha ordenado crear una comisión de investigación paralela a la del Ministerio de Fomento. Además, ha imputado a tres técnicos por homicidio imprudente.
El juez de Madrid que investiga el accidente del 20 de agosto, Javier Pérez, justifica la imputación en los indicios de su posible participación que se "infieren" del informe preliminar de la comisión de investigación.
Así consta en el auto en el que el magistrado imputa 154 delitos de homicidio imprudente -el número de fallecidos en el siniestro- y 18 de lesiones imprudentes -los heridos- al mecánico de Spanair Felipe G.R., al técnico de mantenimiento de aeronaves, Julio N.B., y al jefe de mantenimiento de la compañía en el aeropuerto de Barajas, Jesús T.A., a quienes interrogará el 12 de noviembre. Mientras que hoy declararán seis testigos directos del siniestro.
Además, el juez ha ordenado en otro auto constituir un órgano pericial colegiado -constituido por dos pilotos, dos ingenieros aeronáuticos y dos mecánicos de aviación- para que emita un informe que determine la causa o causas del accidente, ya que el informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) tardará cerca de un año.
En la primera resolución, el juez explica que, según consta en el informe preliminar de la Ciaiac, la posible causa directa de la caída del avión pudo ser que los flaps (superficies hipersustentadoras de borde de salida del ala que se emplean para los despegues y aterrizajes) y slats (dispositivos de borde de ataque de alas) no estuvieran desplegados cuando la aeronave despegó.
Esta circunstancia afectó a la estabilidad del MD-82, que entró en pérdida y cayó al suelo, según el auto, que añade que en el informe consta también que no se activó el sistema de alarma por configuración inadecuada para el despegue (TOWS) que debería haber advertido a la tripulación de una "inadecuada configuración" de los flaps y slats.
Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid recuerda que el día del accidente el avión sufrió una avería en el sensor de temperatura (RAT) en un primer intento de despegue y por ello el imputado Felipe G.R. lo desactivó. Asimismo, el juez contempla la posibilidad de que "tal avería" del sistema sonoro de avisos no fuera detectada por Felipe G.R. al desactivar el sensor de temperatura, que estuvo asistido por el también imputado Julio N.B.
Fianza . Las reacciones a los autos del juez no se hicieron esperar. Las asociaciones de técnicos de mantenimiento lamentaron que la Justicia haya imputado a dos técnicos y consideraron que actúa con "nocturnidad" y con el objetivo de encontrar un chivo expiatorio, porque el informe preliminar dejaba "claro" que la actuación del personal de mantenimiento "fue la correcta".
Por su parte, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) mostró su disposición a colaborar con el instructor del caso, mientras que Spanair aprueba que se cree una comisión judicial y dio ayer su respaldo a los tres técnicos imputados.
Finalmente, la Organización Impulsora de los Discapacitados (OID), que ejerce la acusación popular, ha pedido al juez que, como medida cautelar, imponga a Spanair una fianza de 154 millones de euros, por su posible responsabilidad civil subsidiaria. Además el abogado de la OID, Javier Gallego, se mostró satisfecho con la imputación de los tres técnicos, que ellos ya habían solicitado, así como la creación de otra comisión de investigación.
