El secretario del distrito Macarena y ex cargo del PSOE José Marín y el empresario José Pardo han sido declarados culpables de los delitos de malversación de caudales y falsedad documental. Se enfrentan a la penas de cárcel superiores a los tres años, ya que el importe del delito supera, según el veredicto, los 4.000 euros.
Tras cuatro años, el caso de las facturas falsas de Macarena, destapado por el PA en 2005, desembocó ayer en un veredicto de culpabilidad. El jurado considera que José Pardo "cobró indebidamente" una cantidad de dinero por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas con el conocimiento de José Marín por un importe de 6.474 euros. La cifra es sensiblemente inferior a los 20.254 euros con los que arrancó el juicio pero está por encima de la barrera de los 4.000, lo que supone penas de más de tres años de cárcel sólo por el delito de malversación, al que hay que añadir los de falsedad documental de los que también han sido declarados culpables. Por debajo de los 4.000 euros, la pena mínima se hubiera quedado en seis meses, lo que les hubiera permitido eludir la prisión, al carecer los dos acusados de antecedentes penales.
El jurado ha dado por buenos prácticamente todos los argumentos del fiscal. Su interpretaciónd de los hechos queda recogida en el objeto de veredicto difundido ayer: José Pardo actuaba aparentando que representaba a la empresa COS -de la que antes formaba parte- pese a que no estaba autorizado para ello. Empleaba facturas falsificadas, y de ahí el delito de falsedad documental que se le imputa y por el que el fiscal pide una pena de 21 meses. Así obtuvo una serie de adjudicaciones entre finales de 2002 y principios de 2003. De los 28 expedientes sometidos a juicio, el jurado considera que en siete casos, cobró por servicios que no realizó o que ejecutó parcialmente por un importe de alrededor de 6.474 euros.
Ahí es donde entraba Marín. Pese a que lo ha negado desde 2005, el jurado considera probado que sabía que estas obras no se habían completado, pero que pagó por ellas. Él sabía -siempre según el veredicto- que Pardo no actuaba en nombre de la empresa y por este motivo "después de que el delegado del distrito -el ex edil José Manuel García, quien fue exculpado- firmara los cheques, él añadía a mano el nombre para eludir los controles de la administración". Esta acción deriva en otro delito de falsedad documental por el que el fiscal solicita una pena de un año y seis meses.
Con esta actuación, el jurado considera que Marín malversaba dinero para beneficio que era el cooperador necesario, un delito que acarrea penas que pueden superar los tres años de cárcel -el fiscal pide tres años y seis meses para el dirigente público y dos años y seis meses para el empresario- si se rebasan los 4.000 euros. En este caso se superan, aunque sólo por 2.700 euros. El jurado, de hecho, tuvo que responder a una pregunta concreta y determinante y su respuesta fue contundente: "el dinero cobrado indebidamente supera los 4.000 euros".
Para alcanzar a esta cifra, y para todo el proceso, han sido determinantes los dos expedientes de la demolición de los módulos de San Diego. A lo largo del juicio, se han ido dando por buenas varias obras y se ha suprimido la acusación de que se realizaban facturas duplicadas. Pero han quedado la actuación que destapó el escándalo y que han dado lugar al veredicto de culpabilidad. Son dos facturas que suman 4.700 euros por una obras que todos admiten que no se hicieron. Es el sustento del caso y del dictamen, por la cuantía y por el relato que el jurado ha asumido como cierto de lo que ocurrió en 2003 en Las Almenas.
Estas obras se las encargó el distrito a José Pardo, que actuaba sin conocimiento de la empresa COS, según la resolución. Éste se desplazó a la plaza hasta en dos ocasiones, con mano de obra y materiales, pero no pudo ejecutar los trabajos debido a la oposición vecinal. Así se lo comunicó a Manuel Portela -el voluntario del distrito exculpado el pasado martes-, quien, y así lo da el jurado por cierto, se lo transmitió a José Marín -quien lo niega desde hace años-. Pese a esto, autorizó el pago de los trabajos por un importe de 4.700 euros.
Aquí está lo que la defensa -especialmente el abogado de Marín, José María del Nido- considera una contradicción en la que se basan para pedir que la condena se rebaje: si el jurado acepta que Pardo desplazó a trabajadores y adquirió material para ejecutar una obra que no pudo hacer, quiere decir que asume que se realizó un gasto. Por lo tanto el importe cobrado indebidamente no puede ser de 4.700 euros, sino sensiblemente inferior. Y si esto es así, la cantidad total puede quedar por debajo de los 4.000 euros y, en consecuencia, las penas serían inferiores a los dos años y no conllevarían cárcel. El problema es que a lo largo de todo el juicio, el empresario no ha podido acreditar un justificante del gasto que se debió compensar en aquella fecha. Sólo tiene la declaración de un socio, Jesús Barrera -que estuvo imputado y luego fue exculpado- que afirmó que los intentos realizados aquellos días representan casi el 90% del dinero adjudicado a la obra.
Al margen de esta obra, el juicio ha dejado en seis facturas las irregularidades. Son expedientes de obras que se ejecutaron sólo parcialmente, según el informe de los peritos judiciales, al que el jurado ha dado más credibilidad que el estudio de los técnicos municipales. Son detalles casi anecdóticos, pero que el jurado considera que suman un importe de 1.678 euros: falta un pivote de los facturados en la calle Maracaibo o dos rampas de minusválidos en Perafán de Ribera.
La sentencia queda ahora en manos del magistrado presidente del jurado. La Fiscalía y el PA piden penas superiores a los cinco años para cada uno -aunque el Ministerio Público se mostró dispuesto a rebajas dentro de los límites legales-. Las defensas alegan que se puede quedar en un año y medio por los delitos -seis meses por cada uno-. Pero el veredicto es contundente: hay malversación por una cantidad superior a 4.000 euros. Y el jurado claro: no es partidario de rebajas de penas ni de indultos.
