El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, abogó ayer por activar la comisión de control y seguimiento de la financiación de los partidos del Parlamento y que se diga a la ciudadanía cuánto cuestan los actos que organizan las formaciones, cómo se financian; de dónde obtienen los recursos, y que si hay donaciones, se digan "con nombres y apellidos". El PP andaluz también aseguró que "no hay ningún inconveniente" para su activación. Ha sido el grupo de Izquierda Unida el que el pasado miércoles propuso que se ponga a funcionar y se dote de contenido a esta comisión parlamentaria que se constituyó por vez primera en 1993 pero que nunca ha funcionado como un mecanismo de control de las cuentas de los partidos ni ha aprobado ningún acuerdo en veinte años.
Cuando se creó los propios políticos la llamaron la comisión "del ventilador" porque cada cierto tiempo era recordada por los partidos, que proponían tratar algún escándalo, pero al final nunca se activaba. En la web del Parlamento solo constan como trabajos sus sesiones para constituir la comisión y nombrar a su presidente, vicepresidente y portavoces. Ni un solo debate. Ni una medida. Del control de la financiación de los partidos en Andalucía se ocupa la Cámara de Cuentas -que audita los gastos electorales- y el Tribunal de Cuentas. Nada más. En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Griñán señaló que el caso Bárcenas debería llevar a todos los partidos a plantear la prohibición de los sobresueldos para los cargos públicos. Apuntó a "disparates" como el hecho de que se suprima el sueldo de los diputados de Castilla-La Mancha y, en cambio, la presidenta de esa comunidad, María Dolores de Cospedal, cobre cuatro veces más que el presidente de Andalucía, región que tiene cuatro veces más población. Para Griñán, de la misma manera que los gastos se conocen, "los ingresos de los políticos deben ser públicos, con transparencia". Insistió en que cuando una persona "con un cargo público cobra un sueldo público, ese debe ser su único sueldo". El presidente andaluz ya anunció el pasado lunes en una reunión de su partido su intención de que la futura ley de transparencia andaluza, que debe llegar al Parlamento en el próximo periodo de sesiones, prohiba los sobresueldos -lo que en el PP llaman gastos de representación y que se cobran como plus al salario- y obligue a los altos cargos no solo a publicar sus ingresos, sino también a detallar como ha conseguido su patrimonio.
Durante su entrevista en Canal Sur, Griñán quiso dejar claro que cualquier militante socialista que pueda haberse aprovechado de fondos públicos debe ser sancionado, porque no solo comete un delito, sino también una falta gravísima contra el partido, porque "nos está quitando la credibilidad al PSOE". Preguntado sobre si se ha sentido engañado personalmente por compañeros en la etapa en que se produjo el fraude de los ERE, Griñán señaló que en este asunto, sin duda, ha habido responsables, algunos militantes del PSOE, e insistió en que la Junta se ha personado como acusación.
Por su parte, el PP-A aseguró que no tiene "ningún inconveniente" en la activación de la comisión de control y seguimiento de la financiación de los partidos del Parlamento, aunque sí ha puesto una condición: que sea para "alcanzar la máxima transparencia". El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, recordó que esta comisión formaba parte del programa electoral de los populares y que, por tanto, están dispuestos a "sentarse y a hablar de todo esto con absoluta transparencia y recogiendo lo que venía en nuestro programa electoral".
Cuestionado sobre si su partido pone encima de la mesa alguna medida concreta para activar esta comisión, Rojas no entró en detalles y se limitó a remitir a los medios a las propuestas contenidas en el programa electoral del PP-A sobre esta materia. Sobre si existe alguna posible línea roja para llegar a un acuerdo con PSOE e IU, solo dijo que cualquier medida que se impulse deberá ser para "alcanzar la máxima transparencia" en la financiación de los partidos y que, al ser un tema complejo, no podrá abordarse "ni en un día ni en dos". "Pero podemos hablar de todo", zanjó.
Según los datos que figuran en la web del Parlamento andaluz, los partidos solicitaron que la comisión de control y seguimiento de la financiación de los partidos políticos se pusiera en marcha para investigar un supuesto caso de financiación irregular del PSOE a través de la venta de Prensa Sur. Finalmente este caso se dirimió en una de las comisiones de investigación constituidas en la Cámara. En 2008, IU volvió a pedir que investigara la supuesta financiación ilegal de los socialistas a través del caso Astapa, en Estepona, donde fue detenido el alcalde del PSOE Antonio Barrientos. En ese caso, los socialistas y el PP rechazaron la petición. Ahora todos muestran voluntad de reabrirla.
