Un informe psiquiátrico ha concluido que Rafael P.P. -imputado por intentar hacer volar en julio de 2009 el bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán, en Las Naciones, por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable- padece un trastorno psiquiátrico. Rafael P.P. tiene 67 años y está actualmente en prisión.
Fuentes del caso informaron a Europa Press de que, este informe, solicitado por el letrado del imputado, ha concluido que éste sufre trastorno de la personalidad, aunque el Juzgado de Instrucción número 14, una vez conocido este resultado, ha pedido a su vez un informe a dos psiquiatras-forenses a fin de confirmar la primera evaluación.
Según recordaron las mismas fuentes, Rafael P.P. se encuentra actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y 11 presuntos delitos de incendio en grado de tentativa, mientras que, paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 6 se encuentra investigando las presuntas calumnias e injurias que este sujeto habría protagonizado contra un vecino del bloque en los meses previos al incendio.
La comunidad de propietarios del número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán ya se personó en la causa instruida sobre los hechos para reclamar penas para el detenido e "indemnizaciones" para los heridos y las 82 personas desalojadas de sus viviendas tras el incendio supuestamente provocado por el imputado el 17 de julio de 2009.
en noviembre de 2008. Rafael P.P. ya se negó a declarar por las presuntas calumnias e injurias a un vecino del bloque en los meses previos al incendio, aunque sí dijo que "el que tendría que estar en prisión" es el querellante -el administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba-. En su día, el propio José Enrique Algaba explicó que fue en noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable".
Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizaba una serie de imputaciones" por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor éste que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.
Algaba señaló que, aunque tras la primera citación judicial el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarlo verbalmente, si bien los vecinos "nunca" llegaron a imaginar que "las amenazas iban a llegar a este término", explica en referencia al incendio provocado por este individuo, actualmente en prisión en calidad de imputado.
