La Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró a lo largo durante más de 10 horas concluyó sin acuerdo en materia económica y de empleo. El documento, en el que el Gobierno aceptó incluir, "con algunos matices", nueve de las diez propuestas económicas y de empleo y siete de las diez propuestas sobre agricultura del PP, obtuvo sólo el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Canarias y Cantabria, informaron fuentes del Ejecutivo socialista.
Esos apoyos sumaron diez votos frente a las ocho abstenciones de las comunidades del PP, lo que impidió conseguir los dos tercios necesarios para aprobar la propuesta. Lo cierto es que el Gobierno había aceptado que se aprobase un texto con la práctica totalidad de las propuestas planteadas por el PP para luchar contra la crisis económica excepto la rebaja selectiva de impuestos y que hubiera una reforma laboral "similar a la acordada en 1997".
Ese texto no salió adelante por la oposición de los presidentes autonómicos del Partido Popular, en una actitud que lamentó el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reprochó su "interés partidista" y aseguró que les hace falta "más lealtad y madurez institucional con España". Zapatero no entendió su oposición tras haberse aceptado, según él, el 80% de los planteamientos del principal partido de la oposición.
Del decálogo de medidas que había presentado el pasado viernes el PP en materia económica sólo había quedado fuera íntegramente la primera de ellas: "restaurar la confianza en la economía y la credibilidad de la política económica y recuperar la estabilidad presupuestaria, a través de la austeridad en el gasto público, que permita rebajas selectivas de impuestos y la sostenibilidad de los servicios públicos".
matices en las iniciativas. Las otras nueve habían sido recogidas en su integridad o en parte, pero en alguna había quedado fuera algún matiz significativo o se enmarcaban en la Ley de Economía Sostenible. Es el caso de la que instaba a promover, en el marco del diálogo social una reforma que tuviera como objetivo la creación de empleo y, en especial, el fomento de la contratación indefinida. En ella, se cambiaba la propuesta del PP de que hubiera una "reforma laboral" por la puesta en marcha de una "reforma legal" y se eliminaba la precisión de los populares de que esa reforma fuera "similar a la acordada en 1997".
Sí se recogía dar la máxima prioridad a la reestructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular de las cajas de ahorro, acometer las necesarias reformas estructurales que permitieran avanzar en la liberalización de los sectores económicos básicos, y diseñar una política energética coherente y sostenible. De igual forma, se había aceptado optimizar los recursos presupuestarios destinados a la investigación y el desarrollo, avanzar en la unidad de mercado, diseñar un sistema educativo competitivo, mejorar los sistemas de defensa de la competencia y reformar los organismos reguladores.
Por su parte, el PP justificó su negativa a firmar la propuesta del Gobierno sobre economía y empleo por la falta de tiempo para poder estudiar el documento y porque, a su juicio, el texto buscaba una "adhesión inquebrantable" a una política económica que desconocen. Así lo manifestaron en rueda de prensa los presidentes de Galicia y La Rioja, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sanz, respectivamente. Los líderes regionales del PP coordinaron su actuación, durante la Conferencia con el vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Javier Arenas, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección popular.
En cambio sí hubo acuerdo en materia de violencia doméstica y sobre la Presidencia de la Unión Europea.
