El Gobierno de coalición logró ayer superar uno de los retos políticos más complicados: la aprobación del Presupuesto de 2013, unas cuentas que bajan un 4,1% respecto al año anterior (ascienden a 30.706 millones) y que están condicionadas por la austeridad impuesta desde el Ejecutivo del PP. PSOE e IU sacaron adelante el Presupuesto "de la resistencia" que, sin embargo, no contó con el voto de tres diputados de la federación de izquierdas, los más críticos con la alianza socialista y los mismos que hace meses se negaron a apoyar el plan de ajustes andaluz.
Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura -diputados de IU por Sevilla- se salieron del hemiciclo justo a la hora de votar y el cordobés Manuel Baena directamente no pulsó el botón. Desde IU restaron importancia a esta discrepancia. También ayer una comisión de IU por la base -agrupación díscola con el pacto de gobierno- fue al Parlamento para pedir el voto en contra al Presupuesto. Entregaron un documento con las firmas de más de 100 cargos públicos de la federación de izquierdas, mayoritariamente de la CUT de Sánchez Gordillo.
Pero los críticos de IU no lograron boicotear unas cuentas que pretenden, según la Junta, servir de modelo alternativo a los recortes sociales y privatizaciones del PP. Fuentes socialistas en el Gobierno andaluz aseguraron que la negociación del Presupuesto con IU ha sido "muy razonable" e, incluso, "fácil" y que en contra de lo que "muchos agoreros pensaban", el Ejecutivo de coalición ha logrado superar los tres escollos: el recortazo de 2012, la comisión de los ERE y las cuentas de 2013.
PSOE e IU rechazaron las más de 300 enmiendas del PP, de ahí que la popular Ana Corredera criticara "el rodillo" de la izquierda para tumbar las aportaciones de la oposición al Presupuesto "más antisocial de la historia". El socialista José Caballos puso en valor que la Junta "mantendrá las prestaciones y los derechos sociales y apoya la lucha contra el paro", mientras que Ignacio García (IU) aseguró que las cuentas andaluzas son "las mejores de todas las comunidades". Finalmente quedará fuera la reivindicación de los más de 400 promotores de empleo despedidos, que confiaban en que la Junta asumiera su coste, que eliminó el Gobierno central.
