Son algunos datos -los últimos- que trascienden tras el registro efectuado esta semana por los inspectores de la Consejería de Salud en el local, situado en el número 8 de la avenida de El Valle, que concluyó la tarde del pasado martes, tras prácticamente día y medio de inventario con policías locales y con el propietario del establecimiento, que está imputado por un supuesto delito contra la salud pública por estos hechos.
Esos datos, unidos a que, en muchos casos, los lotes con la fecha de caducidad alterada todavía tenían su precinto, hace sospechar a la Policía Local de que existe una posible red que se dedica a comerciar con productos -alimenticios y de otro tipo- con la fecha de consumo ya cumplida. Eso permitía al Super M vender por debajo del precio de mercado en el popular barrio de El Valle, donde está asentado.
"Es una sospecha clara", según fuentes de la investigación, que revelaron que en el decomiso se incluyen productos en cajas con etiquetas en las que se había escrito una fecha de caducidad distinta de la legal, lo que constituye un presunto delito contra la salud pública. La inspección llevada a cabo en las instalaciones tiene como objetivo confirmar si el material que todavía se almacena en la tienda es apto o no para el consumo humano y, además, sus conclusiones se incorporarán al atestado de la Policía Local para determinar el grado de gravedad del posible delito cometido, según explicaron las mismas fuentes.
Pero esta cuestión no es la única que se imputa al dueño del negocio. M.C.P., de 45 años, también se enfrenta a una posible denuncia por contrabando de tabaco: casi 40.000 cajetillas de diversas marcas guardaba en un domicilio de su familia en la calle Carmen, y más de 7.000 almacenaba en el Super M, algunas de ellas de procedencia china, según fuentes de la investigación. Las mismas fuentes apuntan que esas cantidades "son excesivas e indican que no sólo se procedía a su venta, sino que induce a pensar que actuaba como distribuidor" de toda esta mercancía, que, en el mercado, habría superado los 130.000 euros.
El caso del Super M todavía se encuentra en la fase de diligencias previas. El Ayuntamiento de Écija espera los informes del registro efectuado por las autoridades sanitarias para cerrar el atestado de la Policía Local, entregar la documentación al titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Écija y aguardar a la decisión del mismo acerca del cierre del hipermercado y el destino de los productos almacenados tanto en el local como en la jefatura. Todo se descubrió en una inspección rutinaria.
Entre tanto, el precinto se mantiene en el supermercado, mientras los vecinos del barrio, a los que el Ayuntamiento de Écija pidió que se abstuvieran de consumir cualquier mercancía adquirida en el negocio, se preguntan qué no se habrán comido a lo largo de todo el tiempo en que hayan estado comprando en esta tienda confiados de que la relación calidad precio del mismo era buena.
