Rosa Muñoz, en el que fue su despacho en el Servicio de Atención a la Comunidad de la Universidad de Sevilla. / Paco Puentes
Dice el refrán, mano de hierro en guante de seda. Rosa Muñoz, defensora de la Hispalense hace ahora dos años, confesó en una entrevista sentir devoción por los guantes largos que usaba la actriz Audrey Hepburn. Pero bajo ellos se esconden las manos de una mujer firme que no olvida nunca una máxima: la empatía.
¿La respuesta a las quejas que le llegan son ahora de la misma naturaleza que hace dos años? Los problemas que abordamos no son nuevos, pero el tratamiento sí debe ser diferente. Sigue habiendo reclamaciones por las becas, por las plazas, por la estabilidad laboral... pero las salidas por las restricciones económicas impuestas son fuertes y nuevas.
Hay que tirar de más imaginación, entonces. Sin duda. Por ejemplo, a los impagos de las matrículas hay que echarles imaginación porque los recursos escasean. La situación económica ha supuesto que en la defensa de los derechos fundamentales se baraje más ese ingrediente. Sobre todo en el sector del alumnado, que es el más vulnerable.
¿Se ha recurrido a la ayuda de entidades privadas o éstas se han ofrecido? Es cierto que el Rectorado de la Universidad de Sevilla ha dado más margen para abonar el pago de las matrículas, pero sí hemos tenido que buscar recursos fuera de la universidad. Gracias a eso hemos sido capaces de dar solución a gran parte sino a todos los alumnos que han pedido ayuda en la Defensoría.
¿Y esas ayudas privadas se han criticado por ser consideradas caridad? Así lo han entendido algunos de los miembros de la comunidad universitaria. Y lo comprendo, pero me siento obligada a resolver problemas. ¿Por qué despreciar una ayuda así? Nuestro afán ha sido buscar ayuda fuera del ámbito universitario, porque en éste escasean los recursos, y a día de hoy, los estudiantes que solicitaron nuestra ayuda siguen en sus carreras.
¿Cuál es la radiografía de las reclamaciones, quejas o peticiones que recibe diariamente? Varían mucho según la época del curso académico. Ahora, por ejemplo, hay mucho trabajo relacionado con la convocatoria de exámenes de diciembre y del primer cuatrimestre y ha habido más de una queja relacionada con el retraso en el pago y financiación de las becas Erasmus. En el caso de los profesores, estos se quejan de su situación laboral. Por último, el Personal de Administración y Servicios presenta quejas de lo más variado.
Su antecesor, Ignacio Ugalde, realizó informes específicos, como el de alumnado discapacitado y su situación en la Universidad de Sevilla. ¿Ha elaborado usted alguno en estos dos años? Esta Defensoría ha publicado recomendaciones sobre el planteamiento y desarrollo de los sistemas de evaluación nuevos que se recogen en el Plan Bolonia. Sobre este asunto existía una enorme confusión porque el alumno tiene la posibilidad de ser evaluado no con los tradicionales exámenes sino con un sistema alternativo basado en trabajos y debates. También nos hemos interesado por la relación que se establece entre los alumnos y los equipos decanales, los profesores, el Rectorado... Sobre este particular, creemos que debe haber una información exhaustiva y transparente para evitar confusiones. Debo decir, por último, que la Defensoría toma nota de cuando las quejas se repiten por si esto puede derivar en una recomendación por nuestra parte hacia el Rectorado.
En el Claustro, y fuera de él, hay un segmento de universitarios que reclaman un cambio en el modelo de elección de rector, y también un movimiento muy crítico con la aplicación que de la Ley se ha hecho en la Universidad en relación a la carga docente. ¿Estos colectivos trasladan sus quejas también a la Defensoría? En el primer caso, no. Conozco la situación pero no se me ha pedido opinión. Y lo agradezco, porque no es mi función. En cuanto a la carga docente, me ha llegado más de una queja. Mi proceder en este asunto siempre ha sido el mismo: si la carga docente impuesta se ajusta a la normativa, no intervengo. Explico al demandante los fundamentos jurídicos y ya está. En cualquier caso, los profesores han comprendido que la carga docente se debe a la situación económica. En líneas generales no es tan elevadísima.
El rector ha advertido esta misma semana de que hay áreas de conocimiento, sobre todo en el área de la Salud, que pueden quedar desmanteladas en el caso de que siga estando vigente la tasa de reposición del 10% y la imposibilidad de promocionar. ¿Comparte este análisis? ¿Le han llegado a usted avisos? Sí que los hemos recibido. Como profesora me preocupa la situación de determinadas áreas. Es alarmante. En dos cursos, no va a haber solución, pero confío en que se pueda reconducir la situación en un plazo de no más de tres años. La petición de que intervengamos ha venido de esas áreas de conocimiento.
Todo es mejorable pero ¿cree que el volumen de quejas y reclamaciones que atienden es el adecuado para una comunidad de más de 60.000 personas? No se puede hacer una comparación o análisis de los cerca de 600 casos en los que intervenimos con la comunidad universitaria que tiene la Universidad. A la Defensoría se viene cuando ya se han agotado todas las vías. Yo no sé si es mucho o poco, pero lo que confirmo es que este servicio debe conocerse mejor. Me reúno con alumnos, decanos, etc, y creo que aún no he conseguido que la comunidad universitaria conozca esta labor. Tenemos que llegar a más personas.
¿Defender los derechos sigue siendo un derecho? ¡Qué pregunta con más hondura! Siempre es un derecho cuando se han infringido las normas. Pero, dicho esto, soy muy crítica con aquellos que se acercan a la Defensoría para cualquier cosa.
