Las 43 familias que viven en la barriada Guadaíra, junto a la Palmera, llevan 30 años esperando la rehabilitación integral del barrio, pero tendrán que seguir haciéndolo. Al proyecto de tirar las casas para levantarlas de nuevo, que estaba cogido con alfileres porque ni siquiera se había acordado aún con los vecinos en qué condiciones se haría, se une ahora un nuevo cambio urbanístico que volverá a paralizar la única medida puesta en marcha en la última década, que es la expropiación de los terrenos, según denunció ayer el concejal socialista Antonio Muñoz y confirmaron los residentes de esta zona. El cambio ha consistido en la ampliación del número de futuras viviendas, que iban a ser 120 y ahora serán 143, lo que frenará los trámites en curso, según denuncian Muñoz y los vecinos.
El estado constructivo de la barriada es pésimo, tan malo que el barrio fue utilizado por el director de la película Grupo 7 para recrear los barrios chungos de Sevilla donde se movía la droga en los años anteriores a la Expo 92, por lo que Muñoz criticó ayer la apatía del Gobierno municipal a la hora de iniciar la rehabilitación de las infraviviendas, la mayoría casas unifamiliares de autoconstrucción, que está previsto sustituir por bloques de pisos.
La barriada Guadaíra, con más de un siglo de vida, nació como barrio rural del extrarradio y nunca fue urbanizada. La toma de agua la hicieron los vecinos enganchando las tuberías que contectaban las cercanas instalaciones militares con el río Guadaíra; carece de alcantarillado y las líneas eléctricas y alumbrado público no están colocados según la ley. En 1967 los suelos se transformaron en residenciales y se trasladaron los cultivos, aunque algunos vecinos mantienen huertos, ahora urbanos, en torno a las casas.
Tras alcanzarse un consenso sobre la necesidad de rehabilitar la zona, una primera tanda de vecinos que vivían de alquiler fueron trasladados a finales de los años 70. Los primeros propietarios se realojaron años después en viviendas sociales de Los Bermejales tras recibir una indemnización. Y en el anterior mandato municipal se inició un tercer impulso con un plan de expropiaciones que debía ejecutarse entre 2008 y 2012. Su retraso hizo que en abril de 2011 se exigiera en el Pleno, en un acuerdo apoyado por unanimidad, que esos traslados se agilizasen para estar listos en 2012.
La medida nunca se cumplió. De hecho, el gobierno anterior no llegó a alcanzar un acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos, pero los vecinos dicen que ahora personal de Emvisesa ha llamado a algunos de los residentes para ofrecerles cifras ridículas, como 35.000 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados, según el vicepresidente de la asociación de vecinos Guadaíra, José Corral, que denuncia que la mayoría de los residentes son gente muy mayor a las que se intenta engañar, sin contar con la asociación de vecinos, como recogía el acuerdo plenario que también apoyó el PP.
Los vecinos no queremos seguir negociando una nueva tasación, ya hicieron una en 2010 que no nos enseñan y nos ofrecen los precios de otra hecha en los años 80, explica. Lo que le pedimos al Ayuntamiento es que al que quiera quedarse en el barrio, que lo realoje hasta que se hagan los pisos nuevos sin coste adicional. Y al que se quiera ir, que se le dé otra vivienda o se le pague la suya al precio de mercado al que venderán los nuevos pisos. Pero sobre todo, piden que se haga ya.
El trámite, sin embargo, se ralentizará porque para aumentar el número de viviendas hay que hacer una modificación del PGOU.
El PSOE denunció el largo y tortuoso camino que tienen por delante unos vecinos que viven en condiciones indignas, y consideró que el cambio de planeamiento es una modificación trampa, porque mueve papeles para justificar que no se mueva ni un ladrillo.
