El Boletín del País Vasco ha publicado ya la Ley sobre la Consulta propuesta por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Alas 10 horas, el Gobierno, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso que, de facto, supone la paralización de la consulta. Horas después, el PP hacía lo propio. A Ibarretxe sólo le quedó pedir que el TC resuelva en dos meses, de manera que pueda llevar a cabo su plan.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha recibido el recurso del Gobierno contra la ley de consulta como "un ataque directo" a la autonomía vasca y, dijo, "supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, dejando a las instituciones vascas indefensas".
El lehendakari compareció en Vitoria, acompañado por los consejeros de su Gobierno PNV-EA-EB, tras publicarse la ley de consulta en el Boletín Oficial del País Vasco y conocerse que el Gobierno había presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra esta Ley, lo que provoca su inmediata suspensión.
Ibarretxe ha denunciado la actitud "prepotente y arbitraria" de Zapatero y del PSOE y ha opinado que ambos "deberían explicar el interés que tienen por suspender una iniciativa tan legal y democrática como la celebración de una consulta".
El lehendakari ha advertido de la "extrema gravedad" que conlleva la paralización política de una consulta popular no vinculante, cuyo objetivo es conocer la opinión de la sociedad vasca ante el final dialogado de la violencia y la solución política del conflicto vasco".
En este sentido, ha denunciado el "veto político" del presidente del Gobierno, después de que éste haya "ejecutado su amenaza" y haya impugnado una ley aprobada por el Parlamento Vasco.
Frente a ello, el Gobierno Vasco insta al Tribunal Constitucional a que actúe "desde la independencia del poder político y se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta antes del 15 de septiembre próximo", fecha tope establecida en la ley para convocar oficialmente la consulta del 25 de octubre.
Ibarretxe ha pedido que el Alto Tribunal que se pronuncie antes de esa fecha o levante la suspensión de la ley porque de lo contrario, sería "imposible la celebración de la consulta".
En este sentido, ha indicado que si el Gobierno español mantiene que "los vascos no pueden decidir por todos los españoles", con la misma firmeza y contundencia democrática, el Gobierno Vasco manifiesta que "los españoles no pueden decidir por los vascos".
Es decir, "en una democracia real, el presidente del Gobierno español no puede prohibir que los ciudadanos y ciudadanas vascas expresen libre y democráticamente su opinión", ha considerado.
Por otro lado, ha exigido que decisiones políticas "legítimas y legales" como la consulta aprobada por el Parlamento "no se entierren por el paso del tiempo y según los intereses partidistas de quien la suspende".
El lehendakari ha anunciado una "respuesta adecuada, serena y firme ante un despropósito democrático", pero sin concretar en qué se va a traducir esa contestación.
Únicamente ha dicho que el Gobierno Vasco se reserva "todas las iniciativas legales, sociales y políticas para la defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este país".
Finalmente, ha asegurado que el Gobierno Vasco va a seguir preparando la consulta "con toda normalidad" para hacer efectiva la decisión del Parlamento Vasco.
La Abogacía del Estado dice en el recurso presentado en nombre del Gobierno ante el Tribunal Constitucional que la consulta aprobada por el Parlamento vasco "es, con toda claridad, un referéndum consultivo" en el que se pregunta a los ciudadanos vascos sobre asuntos de trascendencia para toda España.
