Izquierda Unida defenderá el próximo miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales del Parlamento andaluz en la que insta al Gobierno andaluz, del que forma parte, a personarse, a través de su gabinete jurídico, como acusación en la causa abierta por la justicia de Argentina ante los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista.
Se da la circunstancia de que esta misma comisión del Parlamento andaluz ya expresó el pasado 30 de octubre a instancias del PSOE-A y con el rechazo del PP-A su apoyo a la causa abierta por el Juzgado número 1 de Buenos Aires sobre los «delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».
En la iniciativa que se debatirá el miércoles, a la que tuvo acceso Europa Press, IU va un paso más allá y reclama que el Gobierno andaluz se persone como acusación en la causa, así como que apoye y reconozca expresamente la actuación de los colectivos memorialistas en defensa de la «verdad, justicia y reparación» para las víctimas del franquismo. La Junta tramita desde hace más de un año el anteproyecto de ley de la Memoria Democrática, que lleva semanas a las puertas del Consejo de Gobierno, pero no termina de ver la luz. Esta norma, en teoría, debía regular la posibilidad de que la Junta se personara como acusación particular en todas las causas abiertas o por abrir relativas al franquismo y la posguerra. El gabinete jurídico ha rebajado la redacción de este artículo, apuntan fuentes de la Junta, en previsión de que pueda ser recurrido por el Gobierno.
La federación de izquierdas recuerda en la exposición de motivos que la juez María Servini de Cubría, responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de la República Argentina, «está abriendo nuevos cauces de trabajo sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, que en el ámbito internacional están claramente definidos como crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y perseguibles», y que rechazan en todo caso «leyes de punto y final». Tras subrayar que en Andalucía las posibilidades de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos desde la Guerra Civil por los golpistas y, posteriormente, por la dictadura franquista, son «bastante escasas», IU destaca que la querella argentina abre nuevamente la puerta a la justicia, basándose en el principio de «justicia universal», el mismo por el que Pinochet fue encausado por la justicia española y el mismo por el que se realizaron los juicios contra militares argentinos implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en su país.
La juez Servini reintroduce el debate sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura franquista y el propio debate «sobre cómo se cerró esta página de la historia de España sin querer leerla». IU también pone en valor que la orden de detención internacional que aparece en la resolución judicial va contra miembros de las Fuerzas del Orden Público que formaron parte del aparato represor franquista, «rompiendo esa idea de que todos los responsables estaban ya muertos».
