Las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. En el caso de los menores de tres años, el periodo será de 30 días, a contar entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento de este derecho. El acuerdo se adoptó ayer por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y de los diferentes gobiernos autonómicos no fijaron el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivamente abonadas. La ministra responsable, Trinidad Jiménez destacó esta resolución por su "gran valor político"; ahora las regiones tendrán que incorporarla en su normativa y espera que "en breve" se acorten las esperas de las personas dependientes para percibir estas prestaciones.
El nuevo plazo es vital para los dependientes, toda vez que los plazos de espera superan notablemente esos seis meses. Según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, como media nacional. Según adelantó ayer El País, en el caso de Andalucía se tarda entre cuatro y cinco meses en la valoración y de nueve a 12 en que se reconoce al enfermo el grado y nivel que le corresponde y se le hace llegar el Plan Individual de Atención (PIA) que le corresponde, con la asignación económica.
El decreto que desarrolla la Ley de Dependencia -aprobada hace tres años- en la comunidad ya marca que cada una de estas fases tarde tres meses, esto es, seis en total, con lo que las cifras del informe suponen el triple de la espera anunciada. La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, insistió ayer mismo en que "Andalucía está cumpliendo con esos seis meses", un plazo que su departamento barajó rebajar a cuatro, apuesta que nunca cuajó y que Navarro califica de "difícil". El informe sostiene que la espera en Andalucía es "alta" y que los datos que arroja la Junta "no son buenos", pero aplaude la capacidad de respuesta en términos absolutos, que ha sido "muy importante" y "las tendencias son de ligera mejoría". "En cualquier caso -añade el documento-, hay más de 105.000 andaluces a la espera, unos de valoración y otros de servicios y prestaciones. Ése es el desafío para 2010",
Líder nacional. Según expuso la ministra Jiménez, a 1 de enero de 2010, 743.596 personas en toda España tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera. Tres de cada cinco beneficiarios estrenaron su ayuda en 2009. Andalucía supera las 189.000 prestaciones, con lo que copa el 33,8% del total estatal, puntualizó Micaela Navarro. El 53,6% de ellas están relacionadas con servicios y el resto, un 46,4%, con ayudas económicas directas para cuidados. Es el primer año que estos factores se invierten, un motivo de "satisfacción" para la consejera. En el pasado 2009, añadió Navarro, unos 44.000 andaluces recibían dos o más prestaciones incluidas en la Ley de Dependencia. Estos datos reflejan que Andalucía suma el mismo número de personas beneficiarias por la Ley que 11 regiones juntas -Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares-, mientras que si se relacionan los beneficiarios con la población de cada región, Andalucía multiplica por más de cuatro los de Madrid y por 3,5 los de la Comunidad Valenciana. Estos datos, añadió la consejera, suponen que "la administración andaluza ha hecho sus deberes", aunque las cifras, concedió, "se pueden mejorar". "Para eso trabajaremos todos los días", prometió. El Consejo Territorial también aprobó ayer un acuerdo para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y establece, además, garantías para la salud de la persona cuidadora que recibe el dinero. Trinidad Jiménez defendió la "importancia" de estos pasos, sobre todo en una "época de dificultad económica", pues "cada vez se consolida más el derecho".
