El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad una moción del grupo socialista que reclama al Estado una flexibilización de las condiciones estipuladas para los préstamos concertados por los ayuntamientos para el pago a proveedores. En concreto, se proponen medidas como la ampliación del periodo de carencia o la reducción de los tipos de interés. La moción del PSOE reclama una flexibilización de las condiciones de devolución de los préstamos concertados por los ayuntamientos merced al Real Decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central para habilitar vías de endeudamiento a fin de que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores, aunque a cambio de sacrificios económicos en materia de gastos corrientes e inversiones. Este decreto inicial fue seguido de otros similares y el dinero obtenido por las administraciones consistía en préstamos sujetos a una devolución repartida en diez años, los dos primeros de carencia, con lo que al final todo se ha reducido a «transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera», según el PSOE.
En mayo comienzan a finalizar los periodos de carencia de estos préstamos y los ayuntamientos tendrán que empezar a afrontar el pago de los intereses y de la amortización del capital solicitado en concepto de préstamo, todo ello mientras muchos municipios arrastran aún «enormes dificultades» económicas. Por eso, la moción del PSOE aprobada por unanimidad de los diputados de todos los grupos propone «revisar» las condiciones de estas operaciones financieras con aspectos como la ampliación del periodo de carencia o la reducción de los tipos de interés, pidiendo además que el Estado estipule «dos años de carencia» en la retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en el caso de los ayuntamientos cuyos planes de ajuste no fueron aprobados.
El pleno de la Diputación aprobó, también por unanimidad, otra moción de IU relativa a la «asfixia económica» que sufren muchos ayuntamientos. La moción pide que en el primer cuatrimestre de este año sean publicadas ya las bases de la convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) con una ampliación del periodo de devolución de 60 meses, entre otros aspectos. Sin embargo, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, se mostró el miércoles contrario a ello al señalar que la convocatoria de estos fondos se hace en septiembre porque la mayoría de los municipios tienen los principales problemas de tesorería para afrontar el pago de las nóminas en el último trimestre.
Precisamente, para ayudar a los ayuntamientos, la institución provincial aprobó ayer las bases del Plan Supera, financiado con los 39,2 millones de superávit del presupuestos de la Diputación de 2012 y que tras una ardua negociación, el Gobierno central permitirá usar para obras y proyectos que creen empleo en municipios y no solo para pagar deuda a los bancos como estaba previsto inicialmente. Además, en el pleno también se aprobó la liquidación de las cuentas de 2013, que de nuevo arroja un remanente positivo de 142 millones de euros, si bien habrá que restar pagos pendientes de las distintas áreas y programas financiados con fondos europeos, por lo que se calcula que el superávit final que se podrá usar rondará los 30 millones.
En la sesión de ayer la Diputación también aprobó por unanimidad una moción del PA que reclama a la Junta la declaración como Zona Patrimonial de la cornisa de Los Alcores, que alberga la necrópolis prehistórica de El Gandul o el casco histórico de Carmona, para unificar su gestión, así como una declaración institucional de apoyo a la candidatura del toque de campanas de Utrera para Patrimonio Inmaterial.
