Cuando todas las miradas estaban puestas en las supuestas irregularidades detectadas en los expedientes regulación de empleo tanto de Mercasevilla como de otras empresas que se acogieron a ayudas públicas de la Junta, la juez Mercedes Alaya ha sorprendido con dos nuevas imputaciones en la causa abierta por las supuesta venta fraudulenta de los terrenos de la lonja. Y ya van 15. En esta ocasión han sido el actual gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, y José Manuel Ferrera, un aparejador adjunto del servicio de licencias de primera ocupación. Ambos han sido citados para el próximo 2 de marzo.
En un auto, notificado ayer a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 6, imputa tanto a Millán como al técnico de Urbanismo "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma (filial de Sando) de la licencia de primera ocupación". Todo ello tras haber analizado "los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Sevilla-Endesa y de lo que se desprende de las declaraciones" de otros técnicos de la Gerencia.
Millán era director de Área de la Gerencia de Urbanismo, cargo que ocupó en 2004, cuando comenzó a tramitar la licencia de primera ocupación a Sando para construir unas naves en un solar de Mercasevilla. Ya como gerente fue el que dio el visto bueno. La sospecha de la juez es que esta licencia se le otorgó a la constructora malagueña "por el interés del Ayuntamiento" y del entonces gerente de Urbanismo "Manuel Marchena", también imputado en la causa, que para la magistrada fue quien dio la orden de que se le diera la aprobación. Todo ello, pese a que a la anterior propietaria de dichos terrenos, Larena 98, se le denegó la licencia por unos problemas de urbanización y electrificación, "que a día de hoy persisten".
La magistrada cree que por entonces se "planeó" un concurso público "predeterminado" para que ganara Sando, incluyendo para ello una cláusula que otorgaba puntos por el derecho de opción de compra, que la constructora logró gracias al terreno donde construyó las naves. Según la declaración del propietario de Larena 98, Marchena y los directivos de Mercasevilla le hicieron varios ofrecimientos para que cediera el suelo a Sando.
Por su parte, Millán aseguró ayer en un comunicado estar "a disposición de la Justicia para aclarar cualquier extremo". El gerente de Urbanismo explicó que él ratificó la licencia "como final reglado de un procedimiento administrativo que no es más que la constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas conforme a lo proyectado". También aclaró que la aprobación se hizo "con el requisito indispensable del previo informe favorable de los servicios técnicos", ya que "la ley me obliga a ratificar pues, en caso contrario, hubiera supuesto cometer prevaricación".
Por último, la juez ha desestimado la personación de la Consejería de Empleo en esta causa por carecer de vinculación con los hechos, remitiendo a la Junta al resto de ramas del caso.Los trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007 han presentado una demanda que ha recaído en el Juzgado de lo Social número 8 en la que reclaman las cantidades adeudadas entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010. El escrito se dirige, además de contra la lonja, contra Mercasa (empresa estatal con participación en el mercado central), el Ayuntamiento, la Consejería de Empleo y la aseguradora Vitalia, según fuentes del caso.
Llevan a la Justicia el impago del ERE de 2007
En la demanda, los empleados reclaman al juzgado que soliciten a Mercasevilla la entrega de diversos expedientes, y resoluciones del ex director general de Trabajo, con el objetivo de demostrar que la Junta se comprometió a pagar el ERE de 2007, cosa que ahora niega. Además, solicitan que se acredite quién realizó diversos ingresos que suman más de ocho millones de euros entre noviembre de 2007 y febrero de 2009 a la cuenta de la aseguradora del ERE.
