La juez Mercedes Alaya, que investiga la Operación Madeja por presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla, ha prorrogado un mes más el secreto del sumario, decisión que mantiene desde julio de 2013 sin que las partes conozcan las indagaciones que lleva a cabo la Guardia Civil.
Fuentes judiciales han informado a Efe de la decisión adoptada por la juez, que en mayo pasado levantó parcialmente el secreto en lo relacionado solo con el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero.
La juez Alaya, que abrió estas diligencias derivadas del caso Mercasevilla, llegó a tener a tres personas encarceladas en diciembre de 2013.
La juez encarceló entonces a Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, para quien fijó una fianza de 150.000 euros, luego rebajada a 60.000 y que le permitió quedar libre en enero de 2014.
En marzo pasado quedaron libres Francisco Amores tras depositar una fianza de 150.000 euros y González Baró tras pagar 250.000 euros.
Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, fue destituido el 16 de diciembre por el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.
Tras el levantamiento parcial del secreto sumarial, se conoció un atestado de la Guardia Civil en el que se afirmaba que Castaño y su esposa incrementaron su patrimonio en 811.396 euros en siete años y de ellos 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.
Aunque la operación seguía bajo secreto, informaciones periodísticas recogieron en abril pasado el supuesto contenido de la comparecencia judicial de González Baró, administrador único de la empresa Fitonovo, quien presuntamente aseguró haber pagado 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos entre 2003 y 2012.
