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¿La jueza o el supremo?

Pese a que la investigación por el caso de los ERE se extiende desde hace tres años, la magistrada aún no ha terminado las pesquisas que ha enviado al Alto Tribunal, al que le reclama que asuma toda la causa completa.

el 16 ago 2014 / 21:49 h.

AUDIENCIA ORDENA MOTIVAR MEJOR EL AUTO DE PRE IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN El Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa la esperada exposición razonada de la ya famosa jueza Mercedes Alaya sobre la investigación del fraude de los ERE. Un escrito que en sus casi 200 folios guarda auténticas sorpresas, pero su destino final será un incógnita que no conoceremos hasta la vuelta de las vacaciones. ¿Qué pasará entonces con la causa? ¿Quién seguirá al frente de ella? Son muchas las dudas, más aún cuando 15 días antes de remitir su escrito la propia magistrada decidía ampliar las diligencias a los expedientes que se firmaron hasta el 2012, es decir, dos años más. Ella, como ha venido sosteniendo en reiteradas ocasiones, cree que el caso no debe ser dividido, y reclama expresamente al Supremo que asuma toda la investigación. Las actuaciones desarrolladas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 a lo largo de esto más de tres años han sido siempre imprevisibles. «Con Alaya nunca se sabe», es la frase más repetida por muchos de los letrados personados en la causa. Sin embargo, que en la mente de la magistrada rondaba la decisión de enviar el caso al Supremo al haber aforados señalados era algo que se rumoreaba desde hace tiempo por los pasillos de su juzgado. Ella ha venido lanzando pistas en sus autos en los que una y otra vez se oponía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el caso y remitirlo cuanto antes a Madrid. «La causa está en su recta final», aseguraba ella. Pero la sospecha se intensificó cuando Alaya pasó semanas sin pisar su despacho de los juzgados del Prado, salvo en aquellos días en los que tenía declaraciones o cuando los agentes encargados de la investigación solicitaban reunirse con ella. A ella le gusta trabajar en casa, más cuando se trata de temas complicados como éste en los que tiene que resumir una causa tan larga como los ERE, con más de 200 implicados. Sin embargo, la duda surgió cuando a quince días de las vacaciones y cuando la decisión parecía inminente, la instructora dicta un auto en el que amplía la investigación a dos años más y la lista de imputados. Una maniobra que despistó y que para algunos no es más que «una maniobra para que el Supremo le devuelva la causa a ella para que la termine y, así, contar con el respaldo del Alto Tribunal». ¿Rebuscado? En unas semanas lo sabremos. Hay quien en cambio asegura que esta decisión no influiría en absoluto, «porque el Supremo es más que seguro que se quedará con la parte que afecta a los aforados y el resto se lo devolverá a ella». La propuesta de Alaya es clara: es el Alto Tribunal el que «debe abarcar el conocimiento completo de la presente causa». Para la magistrada dividir el caso en piezas separadas, una por cada uno de los 200 expedientes investigados, provocaría «un caos procesal» y crearía «inseguridad jurídica» para algunos de los aforados señalados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En caso de que cada pieza se juzgara de forma separada a ellos dos, en caso de ser condenados, le serían impuestas «tantas penas como juicios se celebran». En cambio, si hubiera un único proceso les sería impuesta una única condena por un delito continuado. Un posicionamiento que comparten la mayoría de las defensas, pero contrario a lo que piensa la Fiscalía Anticorrupción, quien cree que debería dividirse el caso en tantas piezas como expedientes, y que una de ellas se centre en el sistema supuestamente creado para defrauda fondos públicos y que el Supremo se encargue de ésta. Distintas visiones para una misma causa, aunque la última palabra la tendrán los magistrados de la Sala de lo Penal. Sin embargo, antes de tomar esta importante decisión, estos consultarán con la Fiscalía del Supremo a la que le reclamarán un escrito con su postura. Lo lógico sería que el Ministerio Público apoyase la tesis defendida por Anticorrupción, aunque no está obligado a ello y podría darse la sorpresa de que comparta el criterio de Alaya o establezca uno propio. Con este escrito en la mano, los jueces tomarán la esperada decisión que marcará el futuro de la investigación. Los magistrados podrán así decidir quedarse con el caso completo y terminar los flecos sueltos que aún quedan (como por ejemplo profundizar en las ayudas otorgadas en la Sierra Norte o en los expedientes de empresas como Altadis); decidir quedarse solo con aquello que afecta a los aforados y enviar el resto a la jueza; o indicarle a ésta que concluya la investigación y que una vez finalizada se la vuelva a remitir. Pase lo que pase, lo que está claro es que la exposición de la jueza ha seguido levantando ampollas. Por un lado, Chaves no ha tardado en criticar la instrucción realizada por la magistrada, hasta el punto de cuestionarla; y por otro, la sorpresa que ha supuesto que en el escrito la instructora incluyera, además de los cinco exconsejeros ya conocidos (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio) a los exresponsables de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, cuyos nombres no habían aparecido en la famosa lista de preimputados de Alaya por su condición de aforados. Habrá que ver si el Supremo decide imputar a todos, sólo a algunos o bien a ninguno de ellos.

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