El PSOE comenzó abogando por congelar los sueldos de sus ediles y alcaldes de cara a 2010, pero insistía en que no tocaba entrar en el debate de hacer lo propio o incluso rebajar las nóminas en las empresas públicas. Eso fue el lunes.
El martes, el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, tras conocer que el PP proponía como respuesta un pacto para que ningún mandatario cobre más que el presidente de la Junta (81.144 euros al año), evitó pronunciarse y dejó la cuestión en manos del partido.
Sin embargo ayer la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, fue clara y directa al considerar "positiva" la propuesta del PP, que "no está muy alejada" de los planteamientos del propio Ejecutivo andaluz.
A su juicio, la iniciativa lanzada por el presidente del PP-A, Javier Arenas, se está estudiando ya "seriamente" y "con la voluntad de aceptarla". Dio una sencilla explicación para esta sintonía: la elaboración del próximo presupuesto requiere de criterios de "máxima austeridad" y este recorte en gastos se sumaría a los tijeretazos a las políticas de segunda necesidad, para dejar las partidas importantes a la "prestación de servicios públicos".
El espaldarazo de Aguayo, no obstante, no es la llave para que este acuerdo se materialice, ya que la Junta no tiene competencias sobre los sueldos de los regidores y son los partidos los que han de posicionarse. De hecho, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, eludió valorar el acuerdo y se limitó a señalar el Parlamento como lugar para pactar qué hacer.
El proceso puede generar no poca oposición interna, dadas las altas nóminas de algunos regidores, como los 97.000 euros del alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez -16.000 euros más que el presidente Griñán-, o los 87.000 de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez.
El PSOE sostiene que repetir esa bajada en las empresas públicas será "complejo" porque, al bajar el sueldo de estos directivos, el Gobierno andaluz corre el riesgo de que abandonen y se vayan a la empresa privada, cristalizando así una fuga de talentos. El PP insiste en que debe revisarse este extremo y pone como ejemplo el más alto de los sueldos de estos directivos, los 139.000 euros que cobra Pablo Carrasco, director general de la RTVA. En el próximo Pleno del Parlamento, el PSOE llevará una propuesta para que la Junta regule los sueldos de directivos de empresas públicas y se congelen los de altos cargos de la Junta y parlamentarios.
