La instrucción judicial del caso de la presunta trama fraudulenta con ayudas públicas de Empleo se complica para la magistrada Mercedes Alaya. La semana pasada se conoció que la Fiscalía Anticorrupción había recurrido por no ser "necesaria ni proporcional" la petición de la jueza a la Junta de que le entregara todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001. Ayer trascendió que también la Junta ha presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla sendos recursos contra los autos de la magistrada que inciden en pedir esta documentación oficial, fechados los días 29 y 30 de marzo.
El Gobierno andaluz ha mantenido desde el primer día su negativa a que la jueza pueda acceder de forma indiscriminada a todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001. Insisten en que se violaría la Ley del Gobierno, que establece el carácter secreto de estos documentos y exigen a la jueza que acote su petición y precise qué necesita para la investigación de este presunto fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo financiados con fondos públicos. En la misma línea se mueve la Fiscalía, que ha lanzado críticas muy contundentes contra los argumentos de la magistrada, quien no solo insinúa un delito de prevariación para la Junta sino que incluso baraja la posibilidad de que el Gobierno "altere" o manipule esta documentación.
El Gobierno andaluz insiste en que debe ser el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que depende del Supremo, el que dirima si la magistrada es o no competente para levantar el secreto de estos documentos oficiales. Fuentes del Ejecutivo insistieron ayer en que los recursos presentados ante la Audiencia suponen "un acto de coherencia" y "se utiliza el vehículo oficialmente establecido para expresar su disconformidad con la solicitud" de la magistrada. Junta y jueza han librado un pulso a cuenta de las actas. La magistrada respondió a la negativa del Gobierno a enviar estos 480 documentos dando un ultimátum e imponiendo un plazo de tres días para que se entregaran bajo apercibimiento de delito.
El Gobierno andaluz accedió y entregó en los juzgados 11 sobre lacrados con todas la documentación, que serán custodiados por la jueza -si la Audiencia no dice lo contrario- hasta que el Supremo dirima.Ayer el Partido Popular, personado en la causa, anunció que también ha presentado un recurso de apelación por considerar que no procede abrir un conflicto de jurisdicción ante el Supremo (piden que la Audiencia dirima) y en defensa del carácter "público" de las actas, justo en los mismos términos que se define la jueza Alaya.
El PP denuncia la "actitud obstruccionista" del Gobierno y advierte de que el conflicto con las actas convierte este asunto cada día "en más sospechoso" y a éstas en "una prueba de primera magnitud". Según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, la intención de la Junta es "demorar" el fallo hasta después de las elecciones. El PP ha presentado un escrito en los juzgados instando a que se investiguen todos los ERE ya extinguidos "para conocer la magnitud real del fraude".
