Con el nuevo decreto ley de reordenación del sector público, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, la Junta espera haber dejado sin argumentos para seguir batallando a los sindicatos de funcionarios contrarios a la reforma. El texto es el mismo, pero la tramitación reabre el diálogo con partidos y agentes sociales y la posibilidad de introducir cambios en el Parlamento. Ahora la Junta espera que los funcionarios respondan disolviendo las manifestaciones en la calle para sumarse al debate en la Cámara.
Pero no hay visos de que la presión cese. "Si nos llaman, iremos al Parlamento, pero entretanto seguirá habiendo protestas en la calle", dijo Alicia Martos, portavoz del sindicato mayoritario de funcionarios (CSIF) en declaraciones a este periódico. De hecho, un grupo de empleados públicos retomó ayer las pitadas durante la inauguración del Sicab en Sevilla, donde se encontraban el presidente José Antonio Griñán y la infanta Doña Elena.
A pesar de todo, tres frases de la portavoz del Gobierno anticipaban ayer que, tras cuatro meses convulsos, la Junta da por terminada la polémica por la reforma del sector público. En la primera, Mar Moreno asumió un error de comunicación de la Junta, que ha sido incapaz de convencer a los funcionarios de que el decreto ley no permitirá accceder a la administración por la puerta de atrás: "Todas las acusaciones de enchufismo eran infundadas, pero en política no basta con serlo, hay que parecerlo", dijo. En la segunda frase, admitió que se han visto forzados a rectificar: "Decir que lo hemos hecho todo bien es absurdo. El fondo del texto es el mismo, pero sí hemos cambiado la forma". El nuevo decreto mantiene el mismo articulado que el anterior y añade los puntos pactados con CCOO y UGT. Pero ahora la Junta acepta tramitarlo como un proyecto de ley en el Parlamento, admitiendo que el texto "pueda enriquecerse" con las aportaciones de PP e IU y de los agentes sociales, sobre todo de CSIF.
Lo cual lleva a la última frase, que es el momento en el que la Junta pasa de la defensiva al contraataque: "Ahora ya no valdrá decir que hay enchufismo en el decreto ley o que vamos a privatizar los servicios públicos: tendrán que señalar el artículo con el que no están de acuerdo, decir qué quieren cambiar y cuál es su alternativa. Arenas tendrá que presentar su modelo, porque si no lo hace, lo esconde. Pedir la derogación sin plantear alternativas es una flaqueza política en un partido que aspira a gobernar".
Moreno esgrimió el debate parlamentario para desafiar a quienes más han criticado el decreto, retándoles a demostrar cuáles son sus intereses. "Con el decreto en la mano no alcanzamos a entender cuáles son las propuestas de CSIF que no estén ya incluidas. Cuesta saber cuáles son sus reivindicaciones", dijo. La portavoz de la Junta reprochó a CSIF su comportamiento en todo este proceso: "CSIF no debió abandonar la mesa de Función Pública, tuvo que negociar hasta el final", dijo. El sindicato de funcionarios insistió ayer en que no quiere cambiar artículos concretos del decreto, porque niegan "la constitucionalidad" del mismo. "Seguimos apoyando las medidas de protesta", advirtió Martos.
