Marta Caravantes
Una decisión judicial tiene en vilo a toda la población indígena de Brasil. Si se permite a seis latifundistas permanecer en la tierra indígena de Raposa Serra do Sol, todas las tierras demarcadas hasta el momento podrán ser ambicionadas por el agronegocio.
Dos modelos de desarrollo -el de los pueblos indígenas y el de las grandes corporaciones- luchan por ganar una crucial batalla jurídica cuyo desenlace se conocerá el próximo mes de agosto.
Raposa Serra do Sol -situada en la Amazonia brasileña, en la frontera con Venezuela y Guyana- es tierra indígena demarcada y homologada por el Gobierno de Lula en 2005. Allí viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó. A pesar de la prohibición de entrar en tierra indígena, en 1992 se detectaron por primera vez las invasiones de los latifundistas arroceros. En tan solamente trece años las plantaciones crecieron de 2.100 hectáreas a más de 14.000, provocando deforestación y envenenamiento de los ríos por el uso de agrotóxicos.
El pasado mes de abril, el presidente Lula envió a la Policía Federal a expulsar a los arroceros. Los latifundistas respondieron con violencia. Diez indígenas fueron heridos. "Comenzaron a dispararnos, tiraron bombas y empezamos a retroceder. Fui herido en la pierna, en la espalda y también en la cabeza", comenta un joven macuxí. Santinha Da Silva estaba también con sus tres hijos el día de la agresión. "No voy a decir que no tengo miedo -afirma-. Tengo miedo, pero voy a enfrentarlos. Si ellos quieren matarme, que me quiten la vida, pero dejando la tierra para mis hijos".
Días después de las agresiones, una decisión de la justicia brasileña provocó el estupor en las organizaciones indígenas. El Superior Tribunal Federal no sólo decidió cancelar la operación policial del presidente Lula para expulsar a los latifundistas, sino que admitió un recurso que, de prosperar, permitirá a los arroceros continuar en tierra indígena, creando un peligroso precedente. El poder del agronegocio, acrecentado en Brasil a partir de los biocombustibles, podrá revisar y ambicionar todas las tierras indígenas de Brasil ya demarcadas. Según Greenpeace, desde la llegada al poder del Presidente Lula en 2003, se han destruido casi 70.000 km2 de selva amazónica. Las plantaciones de soja serían la primera causa de deforestación.
Guerra declarada. "Existe justicia, aquí en nuestra tierra, para las personas que tienen dinero, que la pueden comprar, mientras nosotros somos olvidados", afirma un joven indígena de la aldea Dez Irmaos. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas. "Ya fueron presas algunas de esas personas, pero por periodos muy cortos, ya que disponen de recursos y mucha influencia política que consigue convertir los procesos en disputas jurídicas interminables", afirma Paulo Santille, coordinador de Identificación y delimitación de las Tierras Indígenas de la FUNAI. Para Rosane Lacerda, profesora de derecho de la Universidad de Brasilia, se puede hablar de "una guerra declarada contra los pueblos indígenas por parte de los sectores que tienen intereses económicos en sus tierras".
Durante cinco siglos los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol han sufrido reiteradas invasiones en sus tierras: conquistadores portugueses, ganaderos, garimpeiros (buscadores de oro) y latifundistas del agronegocio. Todos utilizaron a los indios como peones e, incluso, los ganaderos llegaron a marcar a los indios igual que al ganado. Orlando Pérez Da Silva, tuxaua (jefe indígena) de la aldea de Uiramutá, confirma con su relato de vida la trágica historia. "Llegaron los no indios e invadieron nuestras tierras. Empezaron a contratarnos en sus fazendas. Cuando un indio reclamaba su salario, le daban una paliza y lo echaban" Orlando pasó seis años como esclavo. "Vivíamos totalmente esclavizados. Para comprar una hamaca teníamos que trabajar un mes entero?".
En Brasil hay 604 tierras indígenas habitadas por 215 pueblos distintos que hablan 180 idiomas. En ellas viven 600.000 indígenas. En su cosmogonía no existen las fronteras, ni la burocracia, ni la pertenencia de la tierra a ninguna persona. Ahora luchan para defender su identidad, su tierra y su modelo de desarrollo. Para Gecinaldo Barbosa, presidente de la Comisión de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), el problema trasciende las fronteras de Brasil: "Amazonia es de Brasil, pero el problema es del mundo entero; el problema es de quien defiende la vida".
