El jefe de la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados dijo ayer a la juez que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla que "tiene el convencimiento personal" de que el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, fue el que ordenó solicitar los 300.000 euros a los empresarios de La Raza por el proyecto de la escuela de hostelería.
El agente declaró ayer como testigo, ya lo hizo hace un par de semanas por las supuestas irregularidades de la venta del suelo a Sando, asegurando que el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet "le manifestó de forma espontánea que la petición de los 300.000 euros no la había hecho para él, sino que fue por indicación de Rivas", pero sin dar "ninguna explicación". El jefe policial dijo que "no tiene dudas" y que tiene "el convencimiento personal de que los hechos por Mellet manifestados eran ciertos". Sin embargo, dice que le llama la atención que "se cierra en banda y no ofrece ningún otro dato sobre el encargo por parte de Rivas". En su testifical el agente llega a reconocer que "aparte de la declaración de Mellet la Policía no tiene ningún dato objetivo que implique a Rivas".
El policía también dijo que tanto Mellet como su adjunto Daniel Ponce reconocieron sus voces en la grabación que hicieron los empresarios de La Raza. Sobre el nuevo director de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, -que entonces era adjunto- dijo que "no pudo determinar la participación".
Asimismo, ayer declaró el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, que aseguró que fue él, y no Rivas, quien decidió poner en conocimiento de la Fiscalía el presunto intento de cobro de comisiones. Barberá dijo que conoció los hechos el 11 de febrero de 2009, cuando el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, lo citó en el Parlamento junto a Rivas y otro alto cargo de la Junta para contarles que había conocido unas supuestas irregularidades en una subvención que ellos tramitaron y que "parecía" que había una grabación.
