El colapso de los Juzgados de Utrera y el malestar ciudadano se concentró ayer en una protesta en la que se exigió una "solución urgente". Y es que la situación es tal que los asuntos civiles pendientes de resolver en la sede judicial se han incrementado en un 487% desde 1989.
Con estas cifras como telón de fondo convocaron la manifestación los sindicatos CSI-F, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO, sindicatos integrantes de la Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia de la provincia, quienes destacaron que de 331 han pasado a 1.944 casos por atender. Además, los asuntos penales también han aumentado en más del 82%, con 10.994 diligencias en 2008 frente a las 5.528 registradas en 1989.
Por este motivo, representantes sindicales, trabajadores de la Administración de Justicia de Utrera y miembros de la Corporación municipal se concentraron ayer durante 30 minutos en la puerta de los Juzgados y cortaron el tráfico varios minutos para instar a la Consejería de Justicia a que solucione el "lamentable estado de la Administración de Justicia del partido judicial".
Además de Utrera, estas dependencias atienden también a El Coronil, Los Molares y Los Palacios y Villafranca, con una población que ha pasado de 85.684 personas en 1996 a 94.535 en 2008. Todo ello, junto al aumento de los casos, sin que el número de juzgados ni de personal haya experimentado dicho crecimiento, según los sindicatos.
Con la protesta de ayer, los manifestantes reclaman una adscripción de Fiscalía -Utrera depende de Dos Hermanas-, un servicio común de partido judicial y la creación de más juzgados, ya que el nuevo anunciado para finales de 2009 "no es en absoluto suficiente". Asimismo, piden la creación del partido judicial de Los Palacios, dado el volumen de población, y el aumento de la plantilla de funcionarios.
A estas demandas hay que sumar el estado del actual inmueble, que consideran "obsoleto e insuficiente", con barreras arquitectónicas que impiden el uso a personas con alguna discapacidad y una falta de espacio que obliga a los trabajadores a estar "hacinados". El presidente de la junta de personal, Aníbal Jiménez, aseguró que los asuntos pendientes "se acumulan en cajas esperando su turno" y fechas que suelen retrasarse "entre uno y dos años" para las cuestiones civiles, mientras que en las de tipo penal "el juicio se aproxima a la fecha de prescripción".
Las demandas están respaldadas por la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2008, que calificó la sede de "conflictiva".
El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), apoyó junto a otros concejales la protesta y recordó que el Ayuntamiento aprobó una moción para pedir una solución a la sede judicial.
