La paralización de las obras de la biblioteca del Prado expone a la Universidad ante dos riesgos: la pérdida de fondos públicos y el incremento del coste por mantener los trabajos en suspenso. La Hispalense pedirá hoy a la juez que los denunciantes entreguen una fianza y asuman una responsabilidad económica.
En las obras de la biblioteca del Prado hay más de 22 millones de euros en juego. La plataforma de oposición al proyecto ha logrado que una juez decrete la suspensión provisional de las obras a la espera de dirimir en los próximos días -tiene de plazo hasta la próxima semana- si realmente hay una irregularidad en las obras que se están realizando, como señalan los vecinos denunciantes. Los trabajos se detuvieron el jueves a primera hora. Y así continúan. Hoy Ayuntamiento -como administración que ha concedido la licencia-, Universidad -la promotora de las obras- y los colectivos opositores están llamados a declarar en el marco de un proceso extraordinario. La Hispalense anunció ayer su postura: defenderá la legalidad de su proyecto y la corrección de las obras que se han realizado hasta ahora, y exigirá responsabilidades a los denunciantes por el coste que puede acarrear el parón de los trabajos, adjudicados a la empresa Ferrovial-Agroman.
"Está en juego una gran inversión de fondos públicos y muchos puestos de trabajo. Vamos a pedir que los denunciantes entreguen una caución y que asuman responsabilidades económicas si la suspensión de los trabajos se prolonga y luego, como preveemos, la sentencia avala la legalidad del proyecto", señaló el vicerrector de Infraestructuras, Antonio Ramírez. La Universidad Hispalense pretende así detener un goteo de denuncias contra un proyecto que, según recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -por la que se denegó la suspensión cautelar que solicitaba una entidad conservacionista- se ajusta al Plan General de Ordenación Urbanística. Ya hay hasta nueve procesos judiciales abiertos.
Precisamente este entramado judicial es el que llevó al Ayuntamiento a introducir una cláusula en el acuerdo con la Universidad para la concesión de la licencia de construcción: el Consistorio quedaba al margen de cualquier resolución judicial desfavorable de forma que la Universidad no pueda reclamar responsabilidades en caso de que los trabajos queden anulados de forma definitiva.
Pero este acuerdo, según matizó el vicerrector de Infraestructuras, se refiere exclusivamente a los proyectos abiertos por la modificación del PGOU y que ya se habían iniciado cuando se alcanzó este pacto. Quedarían fuera, por tanto, las dos últimas denuncias, vinculadas a la concesión de la licencia y a la ejecución de los trabajos. Entre éstas, la que ha derivado en la paralización cautelar de los trabajos decretada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5. De hecho, el Ayuntamiento deberá también declarar hoy. Pese a esto, la Hispalense subrayó que no tiene intención de pedir responsabilidad alguna Gobierno local con quien mantiene una relación marcada por la "fluidez y transparencia". "Tenemos la seguridad absoluta de que las sentencias serán favorables. Hemos actuado con corrección".
