El Gobierno central dio ayer una nueva vuelta de tuerca en el proceso de conversión de las cajas de ahorros en bancos. Cualquier entidad que no cumpla los mínimos reforzados de capital y solvencia de aquí a otoño próximo, quedará bajo el control del Estado, esto es, nacionalizada. Se acaba la paciencia, las cajas no cumplen con sus deberes y, así, ponen en cuestión todas las finanzas españolas ante los mercados, que vigilan los pasos en falso de la economía nacional.
Por sorpresa y con urgencia, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, convocaba en la tarde de ayer a la prensa para informarle de cambios legales en el sistema financiero que vienen a endurecer las exigencias de capital de bancos y cajas para poder operar. Y aunque afectan a todas las entidades financieras, lo cierto y verdad es que se orientan especialmente hacia las cajas, que no avanzan como deberían en el proceso de reestructuración del sector.
A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Gobierno podrá tomar participaciones en bancos y cajas que no cumplan con las nuevas exigencias de capital a partir de septiembre y por un plazo máximo de cinco años, pero para ello tendrán que adoptar la forma de bancos.
Así lo explicó Salgado, quien añadió que, transcurrido este periodo, se buscará a inversores para poder salir del capital. Basta con la simple modificación del capital mínimo obligatorio para operar para poner en jaque a todo el sistema, habida cuenta de la complejidad para captar dinero en los mercados y que no pocas cajas se verán al límite del porcentaje exigido.
En concreto, el indicador llamado core capital, cada vez más tenido en cuenta y que mide el capital sin impurezas o dinero contante y sonante en poder de las entidades, es decir, sus reservas, se establece en un 8% respecto a los denominados activos ponderados por riesgo. Ahora está en el 6%.
Para que se entienda: por cada cien euros que tenga una entidad en créditos susceptibles de estar en riesgo (en mora, por ejemplo), habrá de existir un colchón con ocho y éstos habrán de ser líquidos, es decir, sin estar sometidos a hipotecas (por ejemplo, si éstos proceden de emisiones de deuda no valdrán, por cuanto por cuanto los ingresos así obtenidos se deben devolver y con intereses a los partícipes).
Pero, además, aquel porcentaje podrá incluso ser superior en el caso de los bancos o cajas que no coticen, es decir, que no estén en la bolsa o que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros (en la captación del capital) sea superior al 20% de sus activos.
Veamos. Por un lado, las cajas no cotizan en bolsa, aunque sí lo podrían hacer a través de los denominados SIP (fusiones frías o Sistemas Institucionales de Protección), ya que están encabezados por sociedades centrales articuladas mediante la fórmula de banco. Por ejemplo, el SIP que engloba a Cajasol, Caja Burgos, Caja Navarra y Caja Canarias ha anunciado ya su intención de salir este año al parqué. Y por otro, se está enviando el inequívoco mensaje de que las cajas deben facilitar la entrada de capital externo, y una vía podría ser la emisión de cuotas participativas (especie de acciones) con derechos políticos, es decir, que quienes las adquieran puedan acceder a los consejos de administración y votar en él, una posibilidad que hasta el otoño pasado no era posible.
Salgado señaló que el Gobierno español adelanta, de este modo, el calendario previsto para la aplicación de las normas internacionales de Basilea III, que obligan a bancos y cajas a dotarse de más capital, y cuya entrada en vigor está prevista para 2013. Si una entidad no cumpliera con esas normas, sería carne para el asador de las agencias de calificación, además de incumplir la legislación y, así, estar condenada a su inmediata intervención.
La ministra avanzó que se autorizará al FROB para adquirir, a partir de septiembre, acciones ordinarias de aquellas entidades que no cumplan los requisitos o que lo soliciten. Sin embargo, las cajas no tienen acciones. ¿Y qué ocurre con ellas? Si quieren más recursos del FROB deberán convertirse en bancos. Así de simple. Una reforma, pues, enfocada a las cajas.
La también vicepresidenta segunda explicó que el 8% es una "exigencia extraordinariamente alta", que colocará al sector financiero con las ratios de solvencia más elevadas de la Eurozona. Defendió, asimismo, que ninguna tendrá problemas para superar las pruebas de estrés que se realizarán esta primavera con los nuevos requisitos.
Las cajas tienen hasta el 28 de febrero para comunicar al Banco de España si cumplirán la ratio de capital del 8% exigido. A partir de ahí, será el supervisor quien cuantificará las cajas no cumplen con este requisito y cuánto capital necesitan. Tendrán de plazo hasta otoño para capitalizarse. A finales de septiembre se hará un nuevo análisis. Quien lo llegue será sometido al FROB.
Hacia la bancarización
Capital reforzado. Las nuevas reglas financieras internacionales, denominadas Basilea III, exigen a los bancos y cajas de ahorros reservar más capital y de una mayor pureza, es decir, que no incluyan instrumentos financieros, por ejemplo, ingresos procedentes de emisiones de deuda que después ha que devolver y con intereses. Es dinero, pues, líquido.
El core capital. El dinero líquido es la reserva o colchón que tiene cada entidad y con el que puede hacer frente a cualquier eventualidad. Es decir, como el dinero que usted tiene en el bolsillo para pagar al instante. El indicador core capital lo mide, y consiste en las reservas compuestas por el capital más tradicional y libre de cualquier atadura.
Colchón adicional. El mínimo exigido actualmente de core capital es del 6%, que es el porcentaje de activos ponderados por riesgo sobre el total. Es decir, si hay cien euros en créditos con posibilidad de riesgo (por ejemplo, impago), hay que tener seis en cartera. Ese porcentaje se elevará dos puntos, e implicará miles de millones de euros de reservas adicionales.
Más ajustes internos. Esos dos puntos adicionales exigirán no sólo la búsqueda de capital externo, sino también interno. Este último obligará a las cajas de ahorros a profundizar en sus planes de ajustes de plantilla y cierres de oficinas, a vender participaciones industriales, a soltar lastre en el ladrillo vendiendo pisos y también a reducir el dinero para la Obra Social.
Ya hay instrumentos. La última reforma de la Ley de Cajas, que aún muchas comunidades, entre ellas la andaluza, no han adaptado, incluye mecanismos para buscar capital externo, como las cuotas participativas (especie de acciones) con derechos políticos e incluso la entrada de fondos de inversión. Estos instrumentos no se han puesto en marcha.
La nacionalización. La novedad reside en que si las cajas no logran captar capital para acceder al 8% de core capital, el Gobierno las intervendrá y nacionalizará. Pero si también requieren dinero del FROB para alcanzar ese porcentaje, habrán de convertirse en bancos o en una fundación donde se pueda dar entrada a inversores privados externos.
La conversión. En suma, estamos ante un paso más en el proceso de bancarización de las cajas, es decir, que se parezcan más a los bancos. La fórmula ideal sería que el negocio bancario fuera traspasado a un banco, propiedad de una fundación de la caja que sería la que gestionaría la Obra Social, regentado por profesionales financieros.
La despolitización. En el trasfondo está también la necesidad de que las cajas de ahorros sean despolitizadas, es decir, que no atiendan directrices políticas y que en sus órganos de gobierno estén realmente profesionales financieros. Esa despolitización es más posible si la caja de ahorros se convierte en un banco que si permanece con el modelo actual.
