El juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, no se irá de cañas con los abogados defensores. Los cuatro que intervinieron durante el turno de cuestiones previas, un trámite que es la antesala del debate sobre los hechos, convirtieron ayer al magistrado granadino en el blanco de sus iras y, empleando registros lingüísticos distintos, vinieron a decir lo mismo de él: que su investigación fractura derechos constitucionales y que sentía "animadversión" hacia los arrestados. Dudaron además de que este proceso pueda admitir el calificativo de "justo".
La letrada Rocío Amigo, codefensora del principal imputado en la trama, Juan Antonio Roca, calificó la investigación de "prospectiva", es decir, no se partió de unos indicios de criminalidad, sino que éstos se buscaron a conciencia. Por ello, reclamó la nulidad de todas las intervenciones telefónicas y, por consiguiente, la anulación de las pruebas que se desprenden de éstas. «No tenemos nada, vamos a pinchar cuatro teléfonos y a ver si encontramos algo», subrayó de forma muy gráfica la letrada, primera en participar en el debate jurídico ante una concurrida Sala del Jurado.
Es más, acusó al juez Torres de no comprobar lo que los investigadores de la Udyco le contaban en los oficios policiales y en sus propuestas de actuación, que después bendecía el granadino. "Se nos dice que Gardoqui (el contable del ex asesor de Urbanismo) es el responsable de cinco sociedades relacionadas con Roca. ¿Por qué no 50 ó 5.000? El juez no iba a comprobarlo. Nunca comprueba nada. Mostró servilismo hacia la labor policial", indicó.
Dudó además de la declaración del principal testigo de cargo, el abogado del Ayuntamiento de Marbella Jorge González, marginado por Jesús Gil al negarse a rubricar los informes jurídicos que daban cobertura legal a las licencias de obra. "Lo único que dijo es que Roca tenía algún poder de decisión a la hora de conceder licencias", señaló, pero finalmente se le imputa "la práctica totalidad del Código Penal". "Es descabellado", indicó.
Las manifestaciones policiales, en su criterio, fueron tomadas por el instructor como "un auto de fe". Y la Udyco "mintió". Por tanto, se habría violado el derecho al secreto de las comunicaciones por falta de motivación de las resoluciones judiciales. Según añadió, podrían haberse seguido otras vías de investigación -como la patrimonial-.
Su compañera Yolanda Terciado, codefensora del ex asesor, pidió la anulación de los autos que motivaron los registros en la sede de Maras Asesores, empresa de Roca, donde se halló la documentación informática que contiene los acrónimos de quienes sobornaron y se dejaron sobornar.
José Godino, presidente de la Sala, y sus colegas Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald no dejaron de tomar notas en sus respectivos portátiles, mientras que Roca, en la primera fila y acompañado por tres policías y su otrora mano derecha, Óscar Benavente, no dejó de escribir en su libreta, una afición que le ha salido algo cara en los últimos tiempos.
Horacio Oliva, catedrático de Derecho Penal y representante de cuatro letrados del despacho madrileño que blanqueó presuntamente grandes sumas de dinero para el Jefe, habló de "numerosas irregularidades en la investigación". "Éste no es un proceso justo con todas las garantías", señaló.
Para Oliva, experto en blanqueo, a "Roca se le ha dejado sin abogado", porque los asuntos del murciano se llevaban en el despacho madrileño que dio forma a la trama societaria del ex asesor. Asimismo, a estos seis letrados se les metió entre rejas, por lo que el cartagenero no pudo elegir a sus patrocinadores.
Es más, éste les entregó documentos que desaparecieron en el registro, vulnerándose el derecho de defensa, indicó. Éste "no se suspende nunca", a pesar de que sí habría ocurrido en el caso Gürtel, cuando se justificaron por el instructor grabaciones de charlas entre letrados e imputados. "La investigación es el fin supremo", aclara, y su consecución exitosa es la guía para la policía, vino a decir, para lo que incluso se lesionó el derecho a la libertad personal. "Yo no sé si se han dictado 95 autos de detención, pero sí 88, por lo menos, y eso lo debe motivar el juez", reflexionó. Esto "repugna al sentido común", añadió.
Nulidad de las detenciones. Los arrestos y los autos que los prolongan deben ser anulados, explicó Oliva, porque no están motivados. "¿Qué hizo el juez en cuatro días? No lo sé", se preguntó amargamente.
El registro del despacho también debe ser anulado. Coincidió con Amigo en que la instrucción es "prospectiva" y se quejó de tres investigaciones auxiliares abiertas a sus defendidos, cuando al fiscal Juan Carlos López Caballero se le olvidó "acusar". Pidió que se tuvieran en cuenta posibles dilaciones indebidas como atenuantes y confió en la posibilidad de que se concedieran, al menos, algunas nulidades parciales.
El más duro con la actuación del juez fue Francisco Soriano Zurita, representante del responsable del bufete e imputado. Su intervención comenzó así:?"A ver si podemos salir de esta pesadilla en la que nos ha metido la voluntad arbitraria de un juez", señaló, calificando a Torres de "inquisidor". En su opinión, se atribuyó el asunto cuando debía haberlo enviado a reparto. "El sumario es el fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria y caprichosa e investida de poder", aclaró, para dejar después en el aire: "Tenemos una explicación de por qué esa animadversión".
Jamás pasó "tanta vergüenza" como en el traslado desde Madrid hasta Málaga, custodiado por policías armados; y en la celda, precisó, no le dieron agua y tuvo que hacer sus necesidades en un agujero en el suelo. Exigió la nulidad radical de todo lo actuado, un deseo algo complicado de satisfacer.
Ataques a la Junta. El Gobierno andaluz aseguró ayer que ha actuado «correctamente» en Marbella y acusó al PP de querer confundir a los ciudadanos cuando "pone en tela de juicio" la labor de la Junta al pedir responsabilidades políticas una vez que ha comenzado el juicio por el caso Malaya. El secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, criticó las declaraciones del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en las que lamentó que comience el juicio Malaya sobre corrupción urbanística en Marbella, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas de la Junta.
Tamarit acusó al PP de querer "confundir" a los ciudadanos "poniendo en tela de juicio" la labor de la Junta, y recordó que mientras la administración autonómica está personada en la causa el PP no lo está, por lo que pidió a este partido que "respete" las decisiones que adopte la Justicia.
Recordó que la Junta ha impugnado un total de 400 acuerdos municipales del Ayuntamiento de Marbella en los que la Fiscalía vio indicio de delito, y que de este volumen, un total de 128 cuentan ya con sentencia firme a favor de la Junta, mientras que otras 68 son también favorables a la administración autonómica pero están pendiente de recurso por parte del Ayuntamiento.
