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Los Connery declararán el día 15 como imputados por corrupción

El juez investiga la reconversión de su chalé en 72 pisos de lujo

el 07 oct 2010 / 18:39 h.

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El actor escocés Sean Connery y su mujer Micheline tendrán que declarar como imputados por el caso Goldfinger, que investiga un pelotazo inmobiliario en el que presuntamente participaron dos sociedades vinculadas al matrimonio. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, ha fijado la citación para el próximo día 15. Esta se produce después de que representantes de las autoridades británicas en España facilitaran el domicilio del matrimonio Connery en Bahamas y trasladaran al magistrado el interés del afamado actor por conocer los detalles del procedimiento judicial y los hechos delictivos que se les atribuye.

El procedimiento penal se remonta a 2007 y cuenta con una veintena de imputados, entre ellos el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor de Urbanismo y cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca. Durante sus vacaciones en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.

El juez intenta dirimir en este caso si se han cometido una serie de delitos, entre ellos blanqueo de capitales, tras la recalificación de la mencionada parcela en la que se ubicaba el chalé del actor, donde se construyeron 72 apartamentos de lujo. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para las arcas municipales de 2,7 millones de euros.

El magistrado ha ordenado que se remita también a los imputados un resumen del objeto de las actuaciones, "debidamente traducido todo ello al inglés". En caso de incomparecencia de Sean y Micheline Connery, "podrán utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello".
Aunque el procedimiento penal se remonta a 2007, el pasado mes de mayo las investigaciones desencadenaron la imputación de Sean Connery y de su esposa, así como de varios letrados del despacho Díaz Bastién y Truán. Pasó entonces a llamarse caso Goldfinger, en referencia a una de las películas del actor escocés. El juez instructor fijó en junio una fianza de 3,3 millones de euros para el matrimonio Connery en concepto de responsabilidad civil.

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