Tras los despidos y los cierres de empresas, llegan las consecuencias para las familias que se ven afectadas por los mismos. Una de ellas son los embargos , que se producen una vez que no se puede hacer frente al pago de una hipoteca. Estos casos no paran de crecer desde que comenzara la crisis, y en el primer semestre de este año ha vuelto a ocurrir, incrementándose un 9%, lo que supone que desde el año 2008 este tipo de asuntos se hayan duplicado ya.
Los encargados de llevar a cabo estos procedimientos, que se denominan ejecuciones de inmuebles hipotecados, son los juzgados de Primera Instancia de la ciudad, que también se encargan de la segunda parte de un embargo, es decir, el desahucio, el acto que supone desalojar a la persona que vivía en la vivienda embargada. Normalmente, son los bancos y cajas de ahorros las que reclaman a los juzgados que inicien el proceso de ejecución de hipoteca ante el impago de ésta. Estos órganos judiciales se están viendo desbordados, porque desgraciadamente se ha convertido en un asunto demasiado común. Sólo en el primer semestre de este año 921 familias, casi un millar, se han visto afectadas por este procedimiento en la capital hispalense. Un dato que supone un 9% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 838. El año anterior fueron 782, 832 en el año 2009 y 456 en 2008. Esto significa que el crecimiento se produjo principalmente entre 2008 y 2009, manteniéndose un crecimiento paulatino el resto de años, hasta duplicarse la cifra de embargos que había al inicio de la crisis.
Sin embargo, el número de desahucios no ha seguido la misma progresión que las ejecuciones hipotecarias. De hecho este año, se han estabilizado, con un descenso muy leve, pasando de 710 a 703. En el año 2010 se contabilizaron 791, mientras que en los dos años anteriores fueron 741 y 609 casos los que se registraron respectivamente. Un frenazo que, en gran parte, puede deberse a los movimientos sociales que están evitando que muchas familias sean desalojadas de sus casas, gracias a acuerdos con los bancos, que les permiten seguir disfrutando de la vivienda con un alquiler social.
Pero estos asuntos no son los únicos de los que se encargan los juzgados de Primera Instancia, pues también son los encargados de tramitar las demandas por el impago de deudas. Por este motivo, esta jurisdicción es otra de las grandes perjudicadas por la crisis, pues ha visto elevarse, casi duplicarse, el número de asuntos que reciben cada año. Según las estimaciones del Decanato de los juzgados, ya en 2010 hubiera hecho falta la creación de 28 juzgados nuevos de este tipo, pues los jueces y funcionarios están trabajando un 130% por encima de lo que establece el módulo.
Afortunadamente, algunos asuntos como los procedimientos monitorios, aquellos en los que se reclama una deuda menor a 250.000 euros, han descendido un 21,62% con respecto a 2011 . Así, de los 11.038 casos se ha bajado a los 8.652 de este año. Lo mismo ocurre con los juicios ordinarios, en los que se reclaman deudas superiores a 6.000 euros, que han bajado de 1.863 a los 1.493 de este primer semestre. Los juicios verbales también han descendido (de 2.412 a 2.158), así como los cambiarios (en los que se reclama el impago de una letra de cambio), que de 715 han descendido a 472. Esto ha hecho que el número total de asuntos nuevos haya bajado de los 39.352 a los 37.952 que se registraron en los seis primeros meses del año.
