Convertida en modelo de gestión, la empresa metropolitana de agua de Sevilla, Emasesa, aspira a hacerse cargo también los residuos del territorio que actualmente abastece, para lo que encargó un estudio de viabilidad en el que los expertos aplauden la unión porque se ganaría en eficacia y se ahorraría en gastos. La empresa pública no se planteó esta cuestión por pura casualidad, tal y como recordó su gerente Manuel Marchena, sino porque actualmente cobra los recibos de la basura a sus clientes, al estar integrados en los del agua.
El estudio, encargado al Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y al que tuvo acceso este diario, recuerda que ya en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se apunta a la necesidad de la integración en el tratamiento de los residuos y en el agua y en ambos casos "hay procesos que se solapan, por lo que se pueden aprovechar sus sinergias". Un ejemplo claro está en el tratamiento de los lodos obtenidos en las estaciones depuradoras de aguas residuales, que el fin y al cabo no son sino desechos.
Cabe recordar también que el propio Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) ya apunta a un remedio de este tipo para el territorio como manera de dar respuesta a las necesidades del millón y medio de habitantes del área metropolitana. Pero el recelo puedo aparecer cuando se plantee el cómo, teniendo en cuenta que sólo en el territorio dominado por Emasesa en materia de agua hay múltiples maneras de gestionar los residuos.
En cualquier caso, el estudio de esta fundación de la Universidad de Sevilla anima a probar centrándose en las ventajas. Entre otras cosas, concluye que la unión de estos dos sistemas implicaría una reducción del 20% en los gastos de administración: "Una facturación única podría conseguir ahorros en los costes burocráticos". Otra de las ventajas es que estos servicios no dependen de las aportaciones de los consistorios, porque se cobra directamente la tasa a los vecinos. Y una más se refiere al principio de proximidad, "porque se trata de gestionar el ciclo integral del agua y los residuos de manera cercana a los ciudadanos". De hecho, estiman que el principio de proximidad es vital para que esto funcione y en este caso en el área metropolitana, y más concretamente en la docena de municipios que dependen de Emasesa, se concentran las instalaciones y las empresas públicas que prestan el servicio relacionado con la basura.
Por contra, se reconoce que hay dificultades, como la reticencia de alguno de los actores implicados en el tratamiento de residuos, sobre todo por la necesidad de reconducir las diversas competencias que en el ámbito tienen las empresas, públicas y privadas, que ya existen. Ya se ve esto en el proceso actualmente en marcha para fusionar los sistemas encargados del agua, en concreto Emasesa, Aljarafesa y el consorcio del Huesna, una hoja de ruta fijada hace años por la Diputación de Sevilla y en la que no hay ningún avance más allá de la firma de protocolos y buenas intenciones marcados por las críticas desde la oposición.
¿Significaría una integración la desaparición de los organismos que ya operan en estos servicios? La respuesta de los expertos es que "no tienen por qué desaparecer porque dependerá del tipo de funciones que ejerzan y su territorio de competencia". Pero eso sí, a largo plazo el IDR sí estima que sería más operativo un único organismo o a lo sumo dos y aquí claramente apuesta, en el caso del agua, por Emasesa, que para eso quiere liderar el proceso, y en el de la basura, por Lipasam, que por algo gestiona el mayor volumen de residuos, los de Sevilla.
El estudio recuerda que si la gestión quiere seguir siendo pública podría ser con una mancomunidad (sólo de administraciones locales) o por consorcio (entran otras instituciones o incluso empresas). El claro ejemplo que ya funciona en el área metropolitana es el del Consorcio de Transportes, participado entre otros por los consistorios, la Junta de Andalucía y las concesionarias de las líneas. En todo caso, los expertos sí advierten de la necesidad de plantear en los estatutos un sistema de votos proporcional a la población de cada municipio, si bien el resultado final de la votación no tendría por qué coincidir con el volumen de facturación en la prestación del servicio en cada uno.
