El Gobierno andaluz anunció que retrasará a mayo la entrada en vigor de dos de los impuestos que más tocarán el bolsillo del ciudadano medio: el canon sobre el agua y el que gravará con cinco céntimos las bolsas de plástico.
Un día después de que el Gobierno central certificara una polémica subida de la luz, la Junta comunicó este aplazamiento de dos de las siete nuevas figuras impositivas que el presidente José Antonio Griñán anunció en julio dentro del paquete de medidas para reducir el déficit público. Son los dos impuestos que más dolerán a las clases medias y que menos discriminan por ingresos.
Otros nuevos tributos como la subida del IRPF a las rentas más altas (por encima de los 80.000 euros) o el impuesto a los depósitos bancarios (recurrido por el Gobierno de la nación al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias) entrarán en vigor el 1 de enero de 2011, tal y como se previó. La Junta también eliminará algunas deducciones para las rentas más elevadas, subirá el tipo impositivo del Impuesto de residuos radiactivos e incrementará tasas sobre el juego o la caza, por ejemplo.
Desde julio, además, el Gobierno andaluz cobra el llamado céntimo sanitario, una subida del tramo autonómico sobre los hidrocarburos destinada a financiar la sanidad. Una revisión de su política fiscal que la Junta quiso dirigir a los ricos y a los que contaminan, según defendieron, en lo que dijeron era un guiño al electorado de izquierda para contrarrestar otras medidas más impopulares del Gobierno.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, negó que el retraso tenga tintes electoralistas (las elecciones municipales son el 22 de mayo) e insistió en que esa moratoria de cinco meses responde a las peticiones de los sectores afectados. En el caso de las bolsas de plástico, los comerciantes, que se oponen a este nuevo tributo, habían pedido un aplazamiento para que la entrada en vigor del impuesto no coincidiera con una campaña puntera en las ventas como son las Navidades y las rebajas.
En un principio la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se negó y defendió que el impuesto se anunció en julio y los empresarios habían tenido tiempo de adaptarse.Según cálculos de los comerciantes la puesta en marcha del nuevo impuesto les costará 36 millones, sobre todo porque deberán actualizar sus sistemas informáticos para que en los tiques de compra especifiquen al consumidor el coste por bolsa. La consejera de la Presidencia justificó que el cambio se debe a que su Gobierno “escucha a los sectores afectados”.
También los ayuntamientos habían pedido tiempo para cobrar el canon que impone la Ley de Aguas. Se trata de un impuesto cuya recaudación está destinada a mejorar las infraestructuras hidráulicas y completar la red de depuración. Repercutirá directamente sobre el contribuyente, con una cuota fija de un euro para todos los hogares y otra variable según el consumo. Los alcaldes, como los consumidores, aplaudieron el retraso y anunciaron que se reunirán con la Junta para evitar duplicidades, ya que muchos consistorios cobran ya tasas sobre el agua. Por su parte el PP andaluz pidió la retirada de este canon y anunció que sus ayuntamientos seguirán adelante con la batalla legal contra la Ley de Aguas, que ha recurrido al Constitucional por invadir sus competencias.
La Junta confirmó ayer en Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado por el PSOE con los sindicatos CCOO y UGT sobre la reforma del sector público. Los estatutos que regirán las nuevas agencias públicas no se aprobarán hasta mayo, como también había pedido Izquierda Unida.
El objetivo es no interferir en el debate que se mantendrá en el Parlamento los próximos meses y con el que se quiere cerrar un acuerdo sobre esta polémica reforma que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios.
“Se trata de contribuir al debate abierto en el Parlamento para permitir despejar las dudas que restan a los funcionarios y empleados públicos de la Junta”, explicó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. “Queremos un debate abierto, sin cortapisas, que termine de despejar las dudas que mantienen los funcionarios y haga posible mejorar el decreto en todo aquello que sea mejorable”, añadió.
La reforma del sector público se ha convertido en un grave conflicto para el Gobierno andaluz. Su intención es suprimir 111 empresas públicas que pasarían, en la mayoría de los casos, a englobarse bajo 14 grandes agencias públicas. La intención inicial del Gobierno fue aprobarlo por decreto-ley con carácter urgente. Después, ante las protestas, decidió rectificar y abrir el diálogo con sindicatos y partidos en el Parlamento.
