El severo endurecimiento de las medidas de seguridad tras el atentado en el que murieron 16 policías en una provincia del noroeste chino cuando faltan apenas dos días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, ha convertido Pekín en un auténtico búnker. Con un millón y medio de realojados descontentos por la demolición de sus viviendas para dar paso a las construcciones olímpicas, otro millón y medio de militares, policías y 'chivatos' desplegados por toda la ciudad, el 70% de los residentes extranjeros expulsados, el hostigamiento a los periodistas, las consignas a los ciudadanos disfrazadas de campañas cívicas y los helicópteros sobrevolando el centro de la ciudad filmando cualquier conducta sospechosa, la capital pequinesa vive de todo menos el ambiente festivo propio de una cita olímpica. China ha hecho un gran esfuerzo para que los Juegos sean el escaparate de sus avances económicos y su imparable progreso, pero el modo de gestionar la organización de las Olimpiadas no hace sino poner en evidencia que la represión y el autoritarismo, la falta de libertad de expresión y el control asfixiante de la población continúan siendo armas imprescindibles para el régimen comunista. Los ocho millones de chinos que tienen compradas entradas para las competiciones olímpicas están siendo entrenados casi militarmente por las autoridades para que animen a sus ídolos, y probablemente ninguno de ellos mueva un músculo más allá de lo conveniente para componer el escenario de un acontecimiento modélico. Pero los miles de visitantes que ya ha empezado a recibir el país no podrán sustraerse de la férrea tenaza conque las autoridades sostienen el armazón de los Juegos. Pretender que nadie se fije en nada más allá de los muros de los estadios es mucho pedir: el mundo entero estará mirando a China y le pondrá muy difícil aprobar el examen.
