La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, participó ayer en los Diálogos de El Correo donde expuso las políticas que ha puesto en marcha su departamento y sus proyectos futuros. / José Luis Montero
(FOTOGALERÍA) El derecho a la vivienda, a la movilidad en condiciones de igualdad, a un aire limpio y al empleo son la hoja de ruta de la Consejería de Fomento y Vivienda. En estos dos años de mandato la consejera del ramo, Elena Cortés (IU), cree que se está cumpliendo con la planificación: «Estoy razonablemente contenta de lo hecho hasta ahora».
El «drama» de la falta de vivienda es uno de los problemas que son de su competencia y que más preocupa a la consejera. No dudó en afirmar ayer que «los que dan la patada en la puerta son las entidades financieras, que echan a la gente de sus casas sin piedad, no los ciudadanos». Recordó en los Diálogos de El Correo, en los que participó con la ponencia Andalucía: nuevo modelo de vivienda y movilidad, que cuando llegó a la consejería había una oleada de desahucios, y para defender el derecho a la vivienda lo primero que hizo fue activar un plan de choque, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con el que se ha logrado en 15 meses de funcionamiento evitar más de 4.300 desalojos.
Cortés, que estuvo arropada por sus compañeros de IU, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el coordinador general de la coalición a nivel andaluz, Antonio Maíllo, insistió en que «a la sangría de la vivienda no le vale sólo un torniquete. Para curar hace falta cambiar el modelo». Aseguró que su departamento ya se ha puesto manos a la obra, utilizando todas las herramientas que están a su alcance, «para pasar de la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación». En esta nueva estrategia se encuadra el cambio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ya que la apuesta del departamento de Cortés es la promoción del alquiler social y la rehabilitación.
Un ejemplo de la importancia que el Gobierno andaluz da a la rehabilitación es que en 2014 el presupuesto que se ha destinado a los diferentes programas en esta materia se ha incrementado en más de un 11,2 por ciento, hasta alcanzar los 140 millones de euros.
La comparecencia de Elena Cortés causó mucha expectación. / José Luis Montero
Para este cambio de modelo que está dirigiendo la Consejería de Fomento, en septiembre del año pasado se aprobó la Ley de Función Social de la Vivienda más conocida como ley antidesahucios, que permitía expropiar a los bancos pisos de personas en riesgo de exclusión social que iban a ser desahuciadas y sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras. Esta norma fue recurrida por el Gobierno central, suspendiéndose de forma cautelar, una decisión que ha mantenido el Tribunal Constitucional. Ante esta situación, la consejera, que defendió la legalidad de la ley andaluza, exigió al Constitucional que entre a analizar con urgencia el fondo de la norma y que resuelva el conflicto de forma «inmediata». Explicó que para sacar adelante la ley se pusieron sobre la mesa tres datos más que relevantes: en Andalucía se habían producido más de 700.000 desahucios desde 2007; en la comunidad hay entre 700.000 y un millón de viviendas vacías; y la tasa de alquiler es «muy baja», del 16 por ciento, la mitad de la media europea. Unas cifras más que contundentes, en opinión de Cortés, para defender la ley antidesahucios, «porque sin la Ley de la Función Social de la Vivienda en vigor, en el primer trimestre del año han subido en cinco puntos el porcentaje de ejecuciones hipotecarias, que se convierten efectivamente en lanzamientos», que es lo que paraba la norma andaluza.
Criticó con dureza que el recurso del Gobierno central ha provocado que «desahuciar» sea ahora más fácil en Andalucía y lo que es aún peor: «El recurso contra la ley antidesahucios se apoyó en informes falsos», para proteger los «intereses de la élite financiera». El Gobierno rebajó de 911 a 96 las VPO de la Sareb banco malo en Andalucía. La primera cifra es la que se adjuntó como argumento clave en el recurso contra la ley andaluza.
Asimismo, Cortés recalcó que su departamento, en su planteamiento de defender la función social de las viviendas protegidas, busca que las entidades financieras pongan sus pisos vacíos «a disposición de los registros de demandantes, evitando que se especule con ellos».
La consejera remarcó que ninguna vivienda protegida debe estar vacía, por ello señaló que se ha lanzado la iniciativa de que las más de 5.600 viviendas protegidas vacías que están en manos de las administraciones públicas estén habitadas en el plazo de un año.
Otra iniciativa que explicó, también en el área de vivienda, fue el programa de rehabilitación energética en el parque público para 2014 y 2015, que presentó la semana pasada, y que contará con un presupuesto de 40 millones de viviendas. Se actuará en 6.630 viviendas y se generarán 2.000 empleos.
Además, señaló que el Consejo de Gobierno aprobará en breve el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2014-2020, «que será la columna vertebral de todas las políticas de vivienda y rehabilitación del Gobierno andaluz durante el próximo lustro». Gracias a ella se podrán realizar intervenciones de rehabilitación y eficiencia energética en 94.700 casas hasta 2020.
Este plan, según destacó Cortés, permitirá una canalización óptima de los fondos europeos, «hasta 775 millones para rehabilitación y eficiencia energética en Andalucía hasta 2020, lo que sumado a la aportación autonómica y estatal superaran los 1.000 millones de euros, permitiendo la creación de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en los próximos seis años».
En el área de la rehabilitación recalcó que en Andalucía este modelo sólo supone el 28 por ciento del sector de la construcción, «un porcentaje que contrasta con la media europea, que se sitúa en el 41 por ciento, llegando al 56 por ciento en Alemania».
Movilidad. Respecto al área de movilidad, la consejera abogó por consolidar modelos menos contaminantes, no tan dependientes del petróleo; por el transporte público y los medios no motorizados; eficiencia en la planificación y ejecución de obras públicas, haciendo infraestructuras que sirvan; concluir las obras que estén más próximas a su finalización; e invertir en conservación y mantenimiento de la seguridad vial. En este sentido anunció que en las próximas semanas se abrirá el Metro de Málaga.
El impulso de la bicicleta es otra apuesta de Fomento. Afirmó que el Plan Andaluz de la Bicicleta se extenderá a todas las grandes ciudades, y a las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera y La Línea de la Concepción, y a la malagueña de Marbella. Hizo referencia a que la derecha suele ser más reticente y crítica al uso de la bicicleta, sin embargo, «sólo en cinco meses ya han firmado el convenio de adhesión al plan cinco ayuntamientos del PP: Algeciras, Almería, Jerez de la Frontera y Córdoba», al que dijo que espera se suba Sevilla capital.
Respecto a las carreteras, Cortés destacó que 2014 está siendo un año prolífico en la reactivación de infraestructuras viarias, que se encontró paralizadas. El martes «tuvimos la oportunidad de anunciar que la Consejería de Fomento y Vivienda destinará entre lo que queda de 2014 y 2015 un total de 52 millones de euros para concluir 10 carreteras y construir nuevas estaciones de autobuses». A lo que se suma la reactivación de la Autovía del Oliva y la del Almanzora, con una inversión total de 77,8 millones de euros y la generación de 900 empleos.
En su intervención no dudó en rechazar con contundencia «la fórmula de la mal llamada colaboración público privada, que tiene poco de colaboración, porque cuadruplica el coste de las infraestructuras, hipotecando las cuentas públicas a largo plazo».
Recalcó que lo que su departamento propone no es austeridad: «Es eficiencia, no recorte. Es sobriedad en la gestión del dinero público que sale del bolsillo de la mayoría social».
En este punto se refirió a El Correo de Andalucía: «Esta casa, históricamente vinculada al cristianismo de base, sabe de lo que hablamos la gente comprometida socialmente cuando decimos austeridad. No quitarle al pobre lo poco que tiene. Sino prescindir de todo lo superfluo».
En otro orden de cosas, informó de que en breve se presentará la Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, que está en fase de tramitación interna y que calculó se aprobará a final de año; y el Plan de Puertos 2014-2020, con el que se pretende sacar juego a los 24 puertos autonómicos de Andalucía e incrementar en un 10 por ciento el empleo asociado a los mismo, para generar 4.000 empleos.
