Las obras empezaron en 2008 y a la colocación de su primera piedra asistió la entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Pero la crisis cambió la foto. En 2009 se aprobó el expediente de regulación de empleo (ERE) de Dolmen Consulting Inmobiliario, empresa andaluza que gestionaba la construcción de estas 583 VPO en el Polígono Aeropuerto promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Este viernes, el Ayuntamiento anunció que entregará las licencias de primera ocupación pendientes de la primera fase, con 128 viviendas en la avenida del Deporte ya totalmente terminadas, pese a los impagos de la promotora.
La Gerencia de Urbanismo aseguró que concederá en pocos días estas licencias en la manzana MA-11 del Polígono Aeropuerto y el propio delegado, Maximiliano Vílchez, informó en el Pleno de que había "un problema", que no podía dar las licencias por una deuda que la empresa tiene pendiente con la Gerencia de Urbanismo.
Así, y como explicó el concejal del PP, las licencias de ocupación serán concedidas a los propietarios de estas viviendas mientras el Ayuntamiento emprende "los trámites de reclamación de estas cantidades a la promotora, aunque sin condicionar las licencias de las viviendas".
La Confederación de Empresarios de Andalucía, por su parte, anunció en un comunicado que la concesión de estas licencias de primera ocupación "permitirá que se otorguen las escrituras de propiedad de las viviendas a los adjudicatarios de las mismas". Otros dos bloques, hasta completar las 583 viviendas de protección oficial que forman parte de esta promoción, "están prácticamente ejecutados y pronto se emitirá el certificado final de las obras", según la CEA.
Cuando se inició el conflicto, en 2009, ya se informó de que el promotor de estas VPO era la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, de la CEA, si bien Dolmen era la gestora. El préstamo necesario para construir las viviendas, de 40,7 millones de euros, lo realizó la entonces Caja Madrid.
Los vecinos, por su parte, lamentan y denuncian el retraso de años en la entrega de sus viviendas, la falta de información, la "dejadez" de las administraciones y la "impotencia" del ciudadano.
