La nueva Ley de Tráfico, que impedirá retirar vehículos aparcados en zona azul, supone otro revés al proyecto municipal de incrementar la presencia de la grúa y trasladar más vehículos infractores al depósito. Según fuentes sindicales, al mes se retiran como mínimo 60 coches en zona azul.
En Sevilla hay más de un centenar de calles con zona azul. Hasta ahora, según la ordenanza, la grúa podía retirar los vehículos aparcados sin tique o cuando se hubiera rebasado el doble del tiempo abonado. En estos momentos, esta situación se produce alrededor de tres veces al día en las jornadas laborables -la cifra mensual supera las 60 unidades-, y siempre con presencia policial y cuando el coche ha sido previamente inmovilizado con un cepo. El objetivo del Ayuntamiento era reforzar este sistema e incrementar el número de vehículos trasladados al depósito municipal tras cometer una infracción con la puesta en marcha de un sistema telemático, que reducía los trámites y limitaba el control policial a una supervisión a distancia mediante imágenes.
Pero este sistema se empieza a encontrar con dificultades. En primer lugar, la reforma de la Ley de Tráfico aprobada el miércoles en el Congreso elimina la posibilidad de retirar vehículos de la zona azul, lo que invalida, según fuentes sindicales, en torno tres actuaciones diarias. Sí se intervendrá en carga y descarga y plazas de discapacitados.
Aunque la grúa actúa sobre todo por estacionamientos irregulares en doble fila o en plazas de carga y descarga, su papel en la zona azul es determinante. Las denuncias anuales superan las 200.000 y los controladores inician la tramitación de la mitad de las infracciones de tráfico que se detectan en la ciudad, según datos difundidos recientemente por el Ayuntamiento de Sevilla. Y a esto hay que añadir su labor preventiva. Periódicamente las grúas se dirigen a las zonas con más espacio de aparcamientos de pago para obligar a todos los usuarios a abonar correspondientemente sus recibos.
Todo esto desaparecerá con la nueva ley. Pero además el Ayuntamiento tiene un serio conflicto interno abierto por su proyecto de implantación de la conocida en Barcelona como la grúa exprés. Los sindicatos policiales se niegan a perder las competencias y los trabajadores de la grúa rechazan asumir toda la responsabilidad. A la plantilla de Aussa le ampara ahora además una sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla que da la razón a un empleado que se negó a retirar un vehículo sin la presencia de un agente de Policía.
Ante este acto, la empresa -gestionada en un 51% por el Ayuntamiento y el resto por capital privado- abrió un expediente y le impuso una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante dos días por una "falta de desobediencia". El afectado recurrió, y el juez le da la razón: "No cabe apreciar una voluntad rebelde ya que el individuo se limitó a mostrar sus reticencias, nada infundadas por cierto, ya que pocos días después se estableció la exigencia de presencia física de la Policía Local en el momento de la retirada del coche".
Esa orden se produjo en enero de 2008, y desde entonces la Policía tiene que estar presente en el momento de la retirada de un vehículo. El Ayuntamiento quería cambiar esto, pero el revés de la reforma legal le deja ahora con la prioridad de modificar la ordenanza municipal que regula el estacionamiento rotatorio en superficie para suprimir la opción de que los vehículos sean retirados por la grúa.
