En julio y agosto de este año murieron en las carreteras españolas 450 personas, una cifra muy alta que, sin embargo, certifica un descenso sustancial en el número de fallecidos con respecto a otros años. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó ayer que la tasa de mortalidad es la más baja que se registra en España desde 1964, fecha en la que el parque de vehículos era quince veces inferior (dos millones frente a los 30 actuales) y el de conductores no pasaba de los cuatro millones (ahora asciende a 25). Habrá a quien le suene incluso un tanto sarcástico que se haga una lectura positiva de la Operación Verano de Tráfico cuando el balance se eleva a 450 víctimas mortales (el triple de fallecidos, por ejemplo, que en el accidente de Barajas), pero es porque en estos casos igual de importante es fijarse en la cantidad de fallecidos como en el número de vidas salvadas. El número de fallecidos en las vías españolas en 2008 se situaba ya, a día de ayer, en las 1.316 personas. La cifra es estremecedora, pero equivale a 291 muertes menos que en las mismas fechas de 2007, lo que implica que 291 familias se han evitado el terrible sufrimiento de perder a un ser querido en el arcén de una carretera. El descenso en la mortalidad se atribuye a una combinación de factores. De una parte, la concienciación de los más jóvenes gracias a las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que inciden en los estragos del binomio alcohol-conducción. Y, de otra, el efecto disuasorio que generan la aplicación del carné por puntos y la reforma del Código Penal que tipifica como delito determinadas infracciones de tráfico, con el consiguiente riesgo de cárcel. Las cifras constatan que el camino emprendido es el adecuado, pero la Administración debe incidir en ellas aun más para reducir unas tasas de siniestralidad que, por mucho que se valoren, siguen siendo extremadamente altas.
