Opositores en desacuerdo con la resolución de una oferta, empresas que recurren la adjudicación de contratos públicos, padres cuyos hijos se han quedado sin plaza en colegios públicos, dependientes a los que no les han concedido una prestación... Son algunas de las causas por las que un ciudadano puede llevar a la administración pública ante los juzgados por la vía contencioso-administrativa, la jurisdicción más colapsada junto a la penal. A partir de 2011, la Junta pondrá en marcha un Tribunal administrativo de Andalucía -cuyo anteproyecto de ley aprobó ayer el Consejo de Gobierno- en el que un presidente y ocho vocales, todos funcionarios de carrera, con formación jurídica y al menos cinco años de experiencia, resolverán en el plazo máximo de dos meses estos asuntos de manera gratuita para el ciudadano.
El objetivo es descongestionar los juzgados de lo contencioso quitándoles una media de 10.000 casos al año. En el tercer trimestre de 2009, los 52 juzgados contencioso-administrativos andaluces tenían pendientes de resolver 88.473 asuntos, de los cuales según la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, entre 10.000 y 15.000 corresponden a las materias que el Tribunal Administrativo prevé abordar. El tiempo medio de resolución supera los tres años en estos juzgados.
El nuevo tribunal tramitará todo el proceso de manera telemática, aunque tendrá tres sedes en Málaga, Granada y Sevilla, y hará un seguimiento de la ejecución de sus resoluciones. No elimina la posibilidad al ciudadano de recurrir al juez, aunque Álvarez destacó que al basarse en criterios homogéneos según la jurisprudencia, la experiencia del único órgano de este tipo existente, en Navarra, demuestra que "la mayoría de los asuntos desestimados no tendrían recorrido en la vía jurisdiccional".
Este tribunal también podrá abordar casos contra las administraciones locales que mediante convenio así lo acepten y contribuyan con sus gastos.
