La juez Mercedes Alaya.
Doña Mercedes Alaya se ha convertido en su mejor enemigo. El error de enviar a la Guardia Civil al Congreso y al Senado le ha costado caro, pues son muchos los que se cuestionan su actuación en la instrucción no sólo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, sino también en las otras macrocausas que están a cargo de su juzgado, pese a sus muchos aciertos. Más allá de la propia Fiscalía, con la que las diferencias son ya patentes, son muchas voces, incluso del propio PP que fue el que denunció el caso, las que la han criticado. Al final, rectificóy pidió al Tribunal Supremo que sea el que notifique a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y al exconsejero José Antonio Viera los autos en los que le comunica esa figura extraña que es la preimputación. Lamentablemente, no es el único error de bulto que la mediática jueza ha cometido en estos tres años en los que copa portadas y telediarios.
Muchos se preguntan: «¿Qué le ocurre señoría? ¿Está usted desbordada o desorientada? ¿O es algo peor? ¿Hay un toque de excesivo amor propio hacia lo que considera como suyo cuando necesitaría la ayuda que tantas veces ha denegado?» Anticorrupción le está sirviendo en bandeja la opción de liberarse de al menos una gran parte del caso, la que hace referencia a los aforados. Lejos de tomar el guante, lo que Alaya hace es mandar a la Guardia Civil a notificar a unas personas sobre las que, por su condición de aforadas, ella no tiene competencias. Los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-escudero, hablaban abiertamente de «error» tras haber rechazado recoger las notificaciones, una decisión que se vio respaldada por las Mesas de ambas instituciones.
Pero no sólo el mundo político se echó las manos a la cabeza ante este gesto, sino que hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, calificó de «error» el procedimiento elegido por Alaya, y que ella justificaba en el hecho de no haber localizado a los aforados en sus domicilios. Pero, es que la cuestión va más allá, según fuentes judiciales, porque si Alaya está señalando a estos aforados con una figura que no existe, como es la preimputación, tendría que dar el paso y elevar el caso al órgano superior que corresponda.
La Fiscalía ya ni siquiera oculta que su insistencia se debe al temor de que los delitos de posibles responsables prescriban. Y, aunque no da nombres, la sombra de Viera está ahí, ya que a finales de este mes se cumplen diez años desde que cesara de su cargo público, lo que podría hacer peligrar su imputación. Que no «queden impune conductas por el mero transcurso del tiempo», dice el fiscal. Ella está segura que el plazo de prescripción en el caso de Viera es de 15 años. Más vale que no esté equivocada.
La magistrada viene arrastrando una serie de fallos además de la demora en citar a los imputados, en algunos casos hasta tres años que han hecho que el entorno judicial comience a cuestionarse si se está viendo superada, como ella misma ha llegado a apuntar en algunos autos, pese a su rechazo constante de ayuda. El más clamoroso, por su repercusión, fue el cometido con la llamada operación Madeja, en la que se investiga el supuesto pago de dádivas por parte de la empresa Fitinovo a cambio de contratos con el Ayuntamiento de Sevilla, cuando en el auto de prórroga del sumario incluyó datos tan relevantes para la investigación como que tenía los teléfonos pinchado a una decena de sospechosos. Era un viernes, y la Guardia Civil tuvo que montar la segunda fase de la operación en un fin de semana, y a registrar la sede de la citada empresa y del sindicato UGT al lunes siguiente para evitar que todo se fuera al traste.
Con el caso UGT, en el que indaga el destino de los fondos de formación, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 también se llevó otro revés por parte de la Audiencia, que la ha obligado a soltar parte de las denuncias en favor de otro juzgado. Sin embargo, ella está aferrándose a una parte del caso, según apunta fuentes judiciales la más jugosa, lo que ha provocado más de una reunión entre la Fiscalía, el juez decano y el magistrado que también tendría que investigar esta causa, que le podría dar más de un quebradero de cabeza.
Otro de los errores más sonados de la jueza, fue la imputación del padre de la ministra Fátima Báñez en el caso por la venta de los suelos de Mercasevilla, cuando éste ya estaba fallecido. La instructora rectificó imputando a los hermanos de Báñez, lo que no impidió que fuera de nuevo objeto de críticas y comentarios. En otra ocasión, en el caso de los ERE, imputó a una persona que no existe, como si ya no hubiera suficientes imputados.
Con los embargos, la magistrada también ha tenido algún que otro enredo. Alaya ordenó que le fuese confiscado un piso al exconsejero Antonio Fernández para asegurar la fianza civil de 807 millones de euros que le impuso. Sin embargo, tuvo que rectificar porque resultó que el inmueble era propiedad de su exmujer. En otra ocasión, la jueza declaró responsable subsidiario al sindicato UGT de los 471.352 euros que impuso como medida cautelar a un sindicalista de CCOO.
A esto hay que sumar, las numerosas ocasiones en las que ha tenido que hacer rectificaciones de sus autos, como cuando cerró la venta del solar de Mercasevilla por un procedimiento inadecuado.
