El Gobierno no cederá al desafío de Cataluña, ni siquiera con los Presupuestos en el aire pendientes del voto de los nacionalistas. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, avisó de que su Ejecutivo aprobará un modelo que cumpla "con todos los estatutos" y si no hay acuerdo, amagó con imponerlo unilateralmente.
La comparecencia de Solbes ayer en el Congreso de los Diputados, lejos de servir para rebajar el crispado tono del debate de la financiación autonómica, tensó aún más la cuerda y constató que a los partidos catalanes y al Gobierno los separa un abismo. La crisis económica y la negociación de un nuevo modelo que diga cómo repartir los ingresos del Estado entre todas las comunidades, son los dos asuntos políticos prioritarios del otoño y ambos pintan muy mal. Lo advirtieron los nacionalistas catalanes: "En este escenario el acuerdo no es posible y es por culpa de su inflexibilidad", espetaron al ministro de Economía.
Solbes ocupó el lugar de Zapatero después de que un pacto cerrado por el Gobierno y los nacionalistas de ICV -miembros del Gobierno tripartito catalán junto al PSC y ERC-. La estrategia del Ejecutivo logró desviar el foco del presidente al ministro de Economía y deshacer el sólido frente catalán que se había forjado durante el verano en defensa del Estatut de Cataluña. Sin embargo, ayer el nuevo escenario político se diluyó y cada una de las partes se enrocó en sus posiciones iniciales. Con una advertencia muy clara de ERC y CIU, aritméticamente necesarios para que el Gobierno puede sacar adelante los Presupuestos para 2009: la financiación y las cuentas están "vinculadas". El PSC no tomó la palabra.
Constitucional. El vicepresidente segundo del Gobierno volvió a exponer la propuesta de financiación que presentó a finales de julio y que defendió como "la única viable". Solbes replicó a las acusaciones de Cataluña y volvió a defender que su Gobierno no ha incumplido la cláusula del Estatut que fijaba el 9 de agosto como fecha tope para estrenar modelo de financiación porque presentó antes del plazo su propuesta. En todo caso, "los responsables del no acuerdo son dos partes" y "no es achacable exclusivamente a una".
Los mensajes del Gobierno fueron muy claros y se adentraron en un terreno en el que, hasta ahora, no había pisado. El ministro de Economía recurrió a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) para dejar muy claro que "si no hay consenso el Estado puede hacer prevalecer sus criterios". El PP alabó este paso. Una de las sentencias que defienden la potestad del Estado y deja en sus manos la última palabra responde precisamente a un recurso de la Junta de Andalucía contra el anterior Ejecutivo de Aznar por la financiación autonómica y la deuda histórica. "Si al final es tan complicado que no hay acuerdo, el Estado no puede dejar de actuar y hacer una propuesta de ley, porque quedarnos como estamos es una situación intolerable", advirtió el ministro. Una advertencia que cobra mayor importancia porque precisamente el Estatut está pendiente del fallo del TC respondiendo al recurso del PP.
Solbes no ignoró la crisis y volvió a garantizar que con el futuro modelo "ninguna comunidad saldrá perjudicada, seguirá siendo solidario y habrá recursos adicionales de acuerdo a las posibilidades del Estado". Pero en vacas flacas no hay recursos extras y ante la petición de los nacionalistas catalanes de que el Estado merme sus recursos y dé más a las comunidades advirtió: "En una crisis tenemos que adelgazar todos". En palabras de Solbes, se abre una negociación "difícil y compleja" y con un plazo de tres meses. El tiempo que se dio Zapatero.
El vicepresidente segundo de Andalucía, José Antonio Griñán, defendió que Solbes dejó "muy claro que la posición del ejecutivo es constitucional y respetuosa" con las comunidades.
