El autobús de la línea 34 anuncia la parada unos minutos antes de llegar al campus de Reina Mercedes: “Escuela de Aparejadores”. A la izquierda de la entrada principal, en un enorme letrero con la imagen corporativa de la Universidad de Sevilla, puede leerse Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Y en la fachada de la puerta, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación. Pues ninguno de los nombres son válidos según el Tribunal Supremo. Al menos, las universidades de Burgos, del País Vasco, la San Pablo CEU y la Antonio Nebrija ya tienen sentencia firme en la que se les prohíbe emitir títulos con la denominación Ingeniería de la Edificación que las 32 universidades españolas que ofertan en España este grado –entre ellas la de la Sevilla– consensuaron con la adecuación de los antiguos títulos al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).
El Supremo ha dado la razón al Colegio Profesional de Ingenieros Industriales, que denunció la denominación del nuevo grado al entender que generaba “confusión”. El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos pidió amparo al Constitucional, que se lo ha denegado por dos votos a favor y uno en contra (éste último el del presidente del órgano, que entiende que al Colegio en sí no se le han vulnerado sus derechos pero que deja entrever que sí a las universidades, que son las que tienen la potestad legal de nombrar sus grados con el posterior visto bueno del Gobierno. Estas, sin embargo, no pidieron el amparo).
Hasta aquí, el relato de los hechos. La pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué nombre recibirán los graduados que ya están saliendo de las aulas de Reina Mercedes? No es un tema menor: si al profesional no se le reconoce ni como Arquitecto Técnico (porque ya no existe esta denominación) ni como Ingeniero de la Edificación, ¿cómo puede colocarse en el mercado? No tiene un título que lo avale. “El futuro es muy negro”, sentencia el director de la Escuela de la Universidad Hispalense, José María Calama, para el que “la demanda no iba en contra de la denominación del grado sino de las atribuciones (competencias profesionales)”. Y lo argumenta: en 2007, cuando se redactó el Libro Blanco con objeto de la adecuación de los grados a Bolonia, se fijaron las directrices del nuevo grado de Ingeniería de la Edificación. “Entonces, todos los profesionales de la Arquitectura y la Ingeniería apoyaron los cambios. Meses después, cambiaron las direcciones de los colegios profesionales y se desdijeron. Qué curioso que coincidió con el inicio de la crisis económica. Ahora, los ingenieros industriales se están abriendo camino en el sector de la construcción”.
El relato de Calama está trufado de reproches velados a la gestión del actual rector, Joaquín Luque. El director de la Escuela asegura que ha echado en falta una implicación más directa del Rectorado en este asunto. Es cierto que a la Universidad todavía no le ha llegado la sentencia del Supremo en la que se le veta el uso de Ingeniería de la Edificación. Pero también lo es que cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
Es viernes y la Escuela está semi vacía. Hay semana blanca. Los alumnos abarrotan las bibliotecas del campus intentando arañar segundos al reloj para conseguir llevar la asignatura lo más mascada posible. Pero los que hacen un descanso o salen de las aulas donde acaban de examinarse tienen todos algo en común: reconocen que están desconcertados, preocupados. Manuel Leiva Contreras, de segundo curso, va más allá: “A mí me vendieron un producto y personalmente me ofendería que no me pudiera graduar como ingeniero de la Edificación”.
Pues no pinta bien. “No hay alternativas”, reconoce Calama. “La sentencia del Supremo hay que cumplirla; el Constitucional puede tardar dos años; ¿vamos a Estrasburgo?; ¿qué nombre le damos entonces al grado durante cuatro años que, como mínimo, puede durar el proceso?” Volver al nombre de Arquitectura Técnica sería un retroceso”. Y tanto. La Escuela de Sevilla tiene firmados convenios con distintas universidades europeas para poner en marcha dobles titulaciones que han fraguado a raíz del cambio de denominación del grado pero que no cuajarían en caso de volver a una denominación anterior que nunca gustó a Europa.
Por el momento, y a la espera de nuevos acontecimientos, la Conferencia de directores de escuelas de Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación acordó el pasado 20 de enero en Barcelona exigir a los rectores de las universidades públicas y privadas una “actuación conjunta y unitaria” que asegure su “independencia y autonomía” a la hora de elegir nombre para una titulación. Se lo piden por el futuro de los miles de estudiantes que ven cómo su futuro queda desdibujado y para evitar el “descrédito social que supondría para nuestras escuelas y para nuestro sistema universitario la inhabilitación judicial de la denominación del título de Grado en Ingeniería de la Edificación”, algo inaudito en la Universidad española.
