Sobran los motivos para protestar y salir a la calle como demuestran las últimas movilizaciones de mujeres y pensionistas, pero también sobran las soluciones a los problemas que nos acucian y faltan las ganas para aplicarlas. Lo más grave de la actual coyuntura es la falta de voluntad política para gobernar con sentido común y buscando el bien común.
Algunos ejemplos ayudan a comprender mejor el fenómeno al que nos enfrentamos. Se ha vaciado la llamada hucha de las pensiones, pero para rescatar a la banca y a las autopistas no rentables no ha hecho falta vaciar ninguna hucha, simplemente se ha tirado de los presupuestos generales del Estado. Lo mismo que debe hacerse con las pensiones.
Tampoco existe la hucha de las eléctricas, pero estas aumentan sus beneficios cada año con el impuesto encubierto bajo el déficit de las tarifas que pagamos todos en el recibo de nuestro consumo mensual. Como la lógica está muy alejada del raciocinio de nuestra clase dirigente, en España no se aplica ningún impuesto verde que favorezca la generación con energías renovables, se hace lo contrario al sentido común: se mantiene el impuesto al sol para castigar a los buenos ciudadanos y premiar a los malos.
Bastaría con derogar el “impuesto al Sol” para empezar a cumplir con las obligaciones que España tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y la transición a una economía baja en carbono como la UE nos dicta.
El gobierno que padecemos en España satisface sólo a las minorías: los más ricos, los banqueros, las empresas petrolíferas, el lobby nuclear al que se les prorrogan las autorizaciones de funcionamiento para las centrales más viejas, las empresas propietarias de las autopistas...
Mientras nos distraen con falsos debates como el de la prisión permanente revisable, el culebrón catalán o los proyectos de pactos de Estado, las soluciones a los problemas reales y acuciantes esperan en un limbo injusto para la inmensa mayoría.