Manuel lleva casi diez años percibiendo la ayuda. Sin embargo, también los hay más recientes. Es el caso de José, un albañil que tras la caída del ladrillo no tuvo más remedio que cambiar de sector. «Antes eran pocos, pero con la crisis somos muchos los que nos hemos tenido que ir al campo y solicitar esta ayuda». Además, agrega que «lo que nos dan es poco más de lo que nosotros pagamos cada mes», en referencia al pago de lo que se conoce como el sello y que consiste en la contribución de una cantidad que el beneficiario de la ayuda debe hacer mensualmente para después cobrar los seis meses de subsidio y que actualmente ronda los 90 euros.
A este respecto, Ana Belén, de Alanís, considera que cada vez hay más trabas a la hora de beneficiarse de esta ayuda. «Sé de familiares y amigos que se apuntaron en su día y tan solo necesitaron una peonada (jornada real) para solicitar la cartilla. Yo me la saqué el año pasado y tuve que presentar 30», comenta Ana Belén, quien a su vez, alude a dificultades a la hora de ser llamada para trabajar más veces. «Antes empezabas a pagar el sello y enseguida te llamaban para trabajar en las calles. Ahora hasta que no pagas el primer año y empiezas a cobrar el subsidio no te llaman. Ese dinero venía muy bien para poder pagar el primer año, pero ahora te tienes que buscar la vida para poder pagar los sellos y para poder cobrar los seis meses». Las calles, que así se denomina en la zona, no es más que las obras que los ayuntamientos emprenden en suelo urbano con los fondos que el antiguo PER otorga a los mismos, y en las cuales llaman a trabajar a los solicitantes del subsidio agrario. Es una actividad voluntaria, a la que ningún benefactor está obligado a ir, pero que supone un incentivo importante a cambio de 15 días de trabajo.
El tema de las peonadas o jornadas reales, es también objeto de discusión entre los solicitantes y beneficiados, ya que, algunos consideran injusta la cantidad de las mismas demandadas por la Administración. Así, Fran, de Cazalla de la Sierra, lo considera abusivo. «Entiendo que para cobrar hay que trabajar, pero el campo no tiene siempre el mismo trabajo. Si un año viene malo, como por ejemplo este, y no podemos reunir 35 peonadas ¿qué hacemos?». Tan solo un año, en 2013, tuvo una rebaja de peonadas y solo se exigieron 20. Sin embargo, esta temporada no ha sido fructífera y se han mantenido las 35. «Es ahí donde viene el fraude –añade Fran–. Si una persona necesita 10 peonadas para poder solicitar tiene que comprarlas y entender que estas trampas solo existen porque ellos quieren. Si fueran conscientes de la realidad del campo la cosa sería distinta».
Independientemente de las quejas que el sistema pueda suponer, lo que sí es cierto es que todos coinciden en que de no ser por el antiguo PER sus vidas serían muy distintas. Así, José piensa que si no fuese por esta ayuda «yo me tendría que haber mudado. Me hubiera tenido que ir al norte a buscarme la vida». Por su parte, Ana Belén dice que para algunas casas «es una ayuda a su día a día. Hay quien lo destina a pagar la hipoteca o a los gastos elementales, mientras que para otros es lo único que entra en sus casas».
Esa es la visión en la Sierra Norte, aunque la ayuda salpica todos los territorios sevillanos. Así, en Los Palacios y Villafranca, el pueblo de la provincia en el que el antiguo PER invierte más, porque aunque es el sexto municipio por población, es el que más cartillas agrícolas tiene, como indica el concejal de Urbanismo, Manuel Begines, que vuelve a recordar que «no nos cansamos de reclamarle al Gobierno de la nación que invierta más aún en este programa que tanto bien ha hecho para modernizar los pueblos». «Además», subraya el edil, «casi todo el material necesario sale de proveedores de aquí, con lo que la dinamización económica local se multiplica». En la última década, no solo se han pavimentado varias decenas de calles y plazas o se han mejorado redes eléctricas o de acometidas generales de agua y alcantarillado con cargo a esos dos millones de euros que llegan aproximadamente al Ayuntamiento, sino que se ha mejorado el alumbrado público de muchas barriadas –incluidas las pedanías–, se ha incrementado la seguridad gracias al cerramiento de varios colegios, se han eliminado numerosas barreras arquitectónicas, se han mejorado infraestructuras en edificios públicos como la casa de la cultura o el teatro municipal, se han terminado de construir incluso centros públicos como el de servicios municipales y se han reformado instalaciones deportivas. El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), subraya la importancia de este programa al que contribuyen económicamente todas las administraciones y vinculado al desarrollo local. «Si en los últimos años no hemos llegado a los dos millones de euros –la cifra ha rondado los 1,7 millones desde 2012– es porque el material empleado en las obras ha sido más barato, porque precisamente es lo que aportamos desde la Administración local». Este año, un 18 por ciento de los 1.739.501 euros, que invertirán en los diez proyectos aprobados por la administración central y el PER estable que consiste en el cerramiento con acceso de la zona este y adecuación de la entrada principal del Parque de las Marismas.
Pese a la importancia capital del antiguo PER en el municipio, en 2015 se quedó sin él. Según se encargaron de explicar entonces fuentes municipales, la razón fue un despiste. «Los técnicos de Urbanismo se confundieron entre días hábiles y naturales y los proyectos se presentaron un día más tarde del plazo», llegó a decir el regidor palaciego, aunque luego añadió que aunque se hubiera presentado dentro del plazo, el municipio se hubiera quedado sin PER porque había subvenciones sin devolver –por falta de justificación– de los PER 2009-2011, porque la deuda con Hacienda no decrecía y porque el Consistorio no estaba al corriente entonces con sus cuotas a la Seguridad Social. La oposición (sobre todo PSOE y PP) no dio crédito a estas excusas y cargó contra el equipo de gobierno por haber perdido «la mayor inversión para dar trabajo en un pueblo que es precisamente el que más cartillas tiene de toda Andalucía», decían. Todavía se lo están reprochando.
En cualquier caso, este año se llegará a las 800 contrataciones entre oficiales y peones, pues la mayoría de los trabajos son de albañilería. En la reforma integral de la plaza de la Almazara, trabaja Rafael Benítez, de 64 años, después de dedicarse toda su vida a ser oficial de primera en empresas de construcción. «Menos los últimos nueve años, que he estado con mi hijo, y los dos últimos, cuando me quedé parado», recuerda. «A los oficiales nos contratan 45 días, y cobraremos unos 1.700 euros», señala. De peonas, trabajan allí Jésica Román –32 años, casada y con tres hijos– y Yolanda Romero –34 años, casada y sin hijos–. «Para nosotras es muy importante ingresos de este tipo porque nos complementan y podemos tirar», dice Jésica. «Nosotras nos conocimos echando días en el verdeo, y ahora nos han puesto juntas en esta obra», explica Yolanda. ~
