-
Demolición de la fallida biblioteca universitaria del Prado, en septiembre de 2012. / Ramón Morales
La noticia publicada este viernes en El Correo ha dejado «estupefactos» a los parlamentarios del Partido Popular: «eso» de que la Consejería de Economía y Conocimiento le reclame ahora a la Universidad de Sevilla la subvención de más de 16 millones de euros para hacer la defenestrada biblioteca del Prado de San Sebastián es la «guinda» que corona el «fiasco urbanístico» de aquel infructuoso proyecto que se fue a pique después de que los tribunales le dieran la razón a los vecinos, que no querían allí nada semejante usurpando el lugar a una zona verde. Los entrecomillados son parte de las expresiones con las que el portavoz parlamentario popular en materia de Economía y Conocimiento, Jaime Raynaud, explicó a este periódico cuál es el sentir de su grupo al respecto.
Un sentir que cabe en una frase: «La Junta le reclama este reintegro cuando lo primero que tendría que hacer es ver cuánto le debe la Junta a la Universidad de Sevilla», dijo. Para quien no pudiera leer ayer este diario, la historia se resume de la siguiente manera: el Gobierno andaluz concedió en su día a la Hispalense una subvención de 21 millones para que hiciera la biblioteca del Prado, un espectacular proyecto de vanguardia diseñado por Zaha Hadid para su construcción en los jardines, justo delante de la calle Diego de Riaño. Viendo que el asunto de iba a pique judicialmente, la Junta dejó de poner dinero cuando había dado ya 16.435.900,42 euros, que es precisamente la cantidad que ahora le pide a la Universidad que devuelva, ya que aquello no se hizo. La institución, por su parte, alega básicamente dos cosas: una, que aquello fue un proyecto a tres bandas entre ella, el ejecutivo andaluz y el consistorio sevillano, por lo que habrá que revisar a quién y cómo compete correr con los gastos del desaguisado; la otra, que ciertamente no se erigió la biblioteca, pero se hizo otra en Eritaña, entre el Pabellón de México y la Guardia Civil, y al final de lo que se trataba era de eso.
Así se ha defendido la Hispalense este verano tras la apertura del procedimiento administrativo por parte de la Consejería, y sus argumentos, de momento (aún tienen que estudiar a fondo las alegaciones) parecen haber conmovido a los populares.
Por lo pronto, echan en falta una valoración de la Consejería, que esta rehusó hacer ayer dado que lo extenso y denso de las alegaciones presentadas han impedido estudiarlas por completo todavía. A Jaime Raynaud se le antoja más una excusa para no dejar claro por dónde van. «La Junta», dijo ayer, «no puede escudarse en eso para no entrar a valorar un tema de la suficiente entidad como este». «Aquel fue efectivamente un proyecto a tres bandas», explicó el parlamentario popular, «por lo que la Junta de Andalucía tiene que tener desde el principio un conocimiento claro del compromiso adquirido, el destino al que iba esa subvención (si era finalista o no) y las obligaciones contraídas por la Universidad de Sevilla para ser beneficiarios de esa cantidad».
Jaime Raynaud declinó expresar su posicionamiento al respecto de este caso singular «hasta no conocer a fondo las alegaciones», para lo cual van a pedirlas a la Consejería por las vías pertinentes. Asimismo, el miércoles que viene van a plantear esta situación en la comisión del Parlamento de Andalucía «para que la Consejería se defina urgentemente» y «que ponga las cartas boca arriba en el debe y el haber de las cuentas con las universidades andaluzas», afirmó el parlamentario.