La Junta asumirá los 300.000 funcionarios de Muface si no hay acuerdo: "Estamos preparados"

Quedan menos de 10 días para que termine el plazo que el Gobierno de España le ha dado a las aseguradoras para mantener la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). El tiempo pasa y Asisa, Adeslas y DKV guardan silencio lo que hace que cientos de miles de funcionarios andaluces teman que sus días de sanidad privada vayan a terminar. Desde la Junta de Andalucía mantienen la calma y aseguran que están "preparados" para recibir a todos los afectados de la comunidad autónoma en el Sistema Andaluz de Salud (SAS).

En esta situación, los funcionarios andaluces, muchos de ellos profesores o empleados de la Agencia Tributaria, están "muy preocupados" ante la posibilidad de dejar de ver a los médicos que les han tratado durante toda la vida y de enfrentarse a un servicio que "está absolutamente saturado" y en el que el tiempo de espera es "interminable".

Pese a que las negociaciones con las aseguradoras las gestiona el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, si estas no son exitosas, quienes tendrán que hacerse cargo de los beneficiarios será la Consejería de Salud y Consumo. Andalucía será una de las comunidades más afectadas, puesto que el número de funcionarios estatales de la comunidad autónoma supera al de Madrid, con 320.000.

Salud confía en que "se solvente" el conflicto

Desde la Consejería que dirige Rocío Hernández confían que a lo largo de estos diez días restantes "se solvente" la problemática. Aun así, aseguran a El Correo de Andalucía que están "preparados" para hacer frente a la inclusión de estos miles de funcionarios y familiares que se incorporarían al sistema. En Salud prefieren ser cautos y hace apenas unos días confirmaban a este que periódico que no estaban planteando "nada" más allá de que triunfara la negociación estatal.

Pese al mensaje de calma que envían desde la Junta, la situación del SAS en estos momentos es complicada. Según reveló un informe del Ministerio de Sanidad el pasado 16 de octubre, Andalucía lidera el ránking español de listas de espera sanitarias. Con los datos de finales de junio, el Gobierno de España contabilizaba 203.979 pacientes en lista de espera quirúrgica -tanto dentro como fuera de plazo- y hasta 848.787 personas esperaban para una primera cita. De media los andaluces esperan de 169 días para ver al médico. Aunque desde la Junta se ofrecían informes mensuales para dar a conocer este dato, desde principios de julio no se actualizan las cifras.

Con un servicio ya de por sí al límite y ante la posibilidad de no poder continuar con su médico habitual y sus tratamientos, no son pocos los funcionarios que se plantean la posibilidad de contratar un servicio privado. En la comunidad, según los datos de Unespa (la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), el 22,6% de los andaluces tiene un seguro privado y esta cifra podría aumentar significativamente con la llegada de 2025 si Muface termina.

Los jubilados temen no tener seguro

Numerosos empleados públicos consultados por este periódico han comprobado en las últimas semanas cuánto les costaría un seguro privado en las compañías que ahora les atienden, pero hay quienes temen que no podrán contratar ninguna. Para los mayores de 70 los precios se disparan y los servicios ofrecidos se reducen y en Asisa, contratar un seguro pasada esta década no es posible.

Desde el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, aseguran que todavía no han mantenido conversaciones con la Consejería de Salud. Fuentes del sindicato explican que siguen "a la espera de conocer la valoración de las aseguradoras a la propuesta del Gobierno". Cuando conozcan el resultado final "se valorarán todas las opciones posibles". Como ya han repetido en varias ocasiones, ponen sobre la mesa la posibilidad de salir a la calle "si hay nuevos recortes y el mutualismo se viese afectado".

Si bien desde el Gobierno central anunciaron la mayor subida de la prima a las aseguradoras de la historia, de un 17,12%, las compañías sanitarias exigían que fuera del 40%. El problema es que Adeslas, DKV y Asisa denuncian que con las condiciones actuales que presenta el modelo tienen unas pérdidas anuales de 200 millones de euros. Si no aceptan la oferta de la cartera que dirige Óscar López antes del 5 de noviembre, los empleados públicos se despedirán de los beneficios de Muface cuando termine el año.