Anticorrupción analiza los contratos de Salud mientras que el Tribunal de Cuentas cierra su investigación

El PSOE evita poner sobre las cuerdas a Moreno pese a los avances de su denuncia en la Fiscalía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita un hospital andaluz durante el Covid. / COR

Victoria Flores

Tan solo un día después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara que se haría cargo de la denuncia que el grupo socialista presentó en la Audiencia de Sevilla sobre los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2023, fuentes del Gobierno andaluz comparten que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado otra investigación abierta de oficio sobre estos contratos en 2020. Aunque son procedimientos diferentes, en el PSOE habían aplaudido el papel de la Cámara de Cuentas y habían asegurado que "corroboraba" sus sospechas.

En el PP estaban expectantes por si los grupos de la oposición enfrentaban a Moreno con las supuestas irregularidades en los presupuestos de Sanidad o con que la Fiscalía Anticorrupción se haga cargo de las denuncias por prevaricación de los socialistas. Sin embargo, nadie ha mencionado nada al respecto, ni siquiera el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha preferido debatir con el dirigente andaluz sobre los presupuestos de la comunidad, que centrarán la próxima sesión plenaria.

Fuentes socialistas explicaron que "hoy no era el día", pese a que Anticorrupción había comunicado 24 horas que iba a investigar a la Junta de Andalucía, y que habrá tiempo para que Espadas confronte con Moreno por este caso. Desde el ámbito del presidente consideraron que el PSOE tiene "mucho que callar" por sus 37 años de gestión socialista en el Ejecutivo andaluz y atribuyeron a ese paso el silencio del socialista en la sesión de control en la Cámara.

Desde el equipo del presidente tenían preparada la réplica. En octubre la Fiscalía del Tribunal de Cuentas archivó la investigación por varios contratos Covid de 2020, investigados de oficio, que el PSOE ha calificado en numerosas ocasiones de "corrupción sanitaria". Esta es la segunda vez que el Ministerio Público archiva una denuncia después de que hiciera lo propio por otra investigación sobre los contratos exprés de la pandemia.

El PP estudia si se persona en la causa

Para los socialistas, el análisis de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de 2020 había "corroborado" lo que los y las socialistas llevan más de un año y medio denunciando, y aseguraban que eso era "solo la punta del iceberg". De esta forma relacionaron esta apreciación del órgano de la Junta sobre los contratos de la pandemia con sus acusaciones por las contrataciones irregulares posteriores.

Hace solo un día que se anunció que sería la Fiscalía Anticorrupción quien se encargará de las denuncias del PSOE sobre prevaricación por los contratos que se dieron a dedo, entre 2021 y 2023, por la misma vía exprés que se habilitó durante la pandemia. Esta decisión no impide que el grupo socialista no pueda incluir otras denuncias a esta primera, como la que plantea sobre los contratos exprés realizados desde las provincias y que anticipó este periódico. Ya en un primer momento, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, que fue quien abrió diligencias, solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.

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El Correo

A preguntas de los medios antes de su entrada al salón de plenos, el presidente andaluz ha señalado que desde el PP "estudiarán" si se personan o no en la causa. Sin embargo, el líder de los socialistas en la comunidad ha preferido ceñirse a la pregunta que tenía preparada y recuperar la falta de ejecución de los presupuestos sobre la que los grupos debatieron este miércoles en la Cámara.

La Junta insiste en que son contratos "legales"

Ha sido el diputado socialista, Rafael Márquez, quien posteriormente se ha encargado de preguntar al respecto, pero no al presidente, sino a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. La dirigente andaluza ha insistido, como ya han hecho en ocasiones anteriores otros representantes del Gobierno andaluz, en que esta es "una forma absolutamente legal de contratación". "No se puede olvidar el contexto en el que estábamos", ha insistido la consejera para asegurar que la justicia encontrará en el Ejecutivo autonómico "toda la colaboración y transparencia".

"Esto no es el caso Koldo", ha declarado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en Canal Sur y ha manifestado que en la Junta están "tranquilos" ante esta situación. Así, la también portavoz del Ejecutivo autonómico ha argumentado que "lo único que indica es que la denuncia está bien presentada, tiene la documentación correcta y que el lugar donde la han presentado es el correcto".

La noticia que saltó este miércoles ha coincidido con la visita del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al Parlamento, donde ha estado este mismo jueves. A preguntas de los periodistas, el magistrado ha enmarcado dentro de la "normalidad" que el proceso sea este. "Se trata de centralizar un poco y unificar toda esa materia para que no sean fiscalías distintas de distintas provincias (quienes se encarguen)"

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