Tribunales
El juez de los contratos del SAS es relevado por otro magistrado que asumirá el caso a partir de enero
El instructor ocupaba la plaza de forma interina y será desplazado tras ocupar su lugar un juez de familia de Sevilla, lo que conllevará un retraso en la causa
Quirófano de un hospital del Servicio Andaluz de Salud. / Consejería de Salud
Cambios en los juzgados de Sevilla que afectan directamente a la instrucción del caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La denuncia del PSOE recayó en un un juez sustituto, desconocido entre muchos compañeros, Francisco Javier Santamaría Leo, que se incorporó al juzgado número 13 el pasado mes de marzo procedente de Algeciras. Era él quien instruía la causa y se había dirigido a la Junta de Andalucía para reclamar abundante documentación de los contratos y de los informes emitidos por la Intervención General alertando de irregularidades.
Según ha avanzado la SER y ha confirmado El Correo de Andalucía, esta plaza salió a concurso y la ha ganado por antigüedad entre los solicitantes el actual juez de familia número 23 de Sevilla, José Antonio Gómez. Estos cambios retrasarán la instrucción que comenzó con la querella del PSOE. El concurso es "provisional", explican fuentes oficiales, y no será hasta enero cuando se adjudique definitivamente esta plaza que estaba ocupada por un sustituto. Sin embargo, todo apunta que es el juez del 23 quien reúne los méritos.
La fiscal Anticorrupción es María José Sánchez, que se integró como refuerzo frente a las macrocausas en los juzgados sevillanos en 2017.
El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados a la actual gerente del SAS de la Junta, Valle García y a los ex gerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Ocurrió después de que el juez Santamaría aceptara una ampliación de la querella del PSOE por los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según el PSOE en 2024, a través del SAS, "se ha seguido utilizando la fórmula de la contratación de emergencia". La causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2023, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.
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