PARLAMENTO
¿Son eficaces los parlamentos?: El andaluz, el que más fiscaliza al gobierno, el catalán, el que más legisla
Un estudio de la Escuela de Asuntos Públicos IMF analiza la actividad legislativa entre el 1 de septiembre al 30 de junio de 2024
¿Se trabaja más en el Parlament catalán que en la Asamblea madrileña?, ¿hay más labor de control al Gobierno autonómico en el Parlamento andaluz que en el navarro?, ¿en que comunidad se legisla más?, ¿hay cultura del pacto? Los datos sirven para dimensionar la labor política en cada territorio, sobre todo en tiempos en los que la antipolítica y el rechazo institucional se instala en el debate público.
Un reciente estudio de la Escuela de Asuntos Públicos de IMF Business School -con presencia en Madrid, Valencia y Málaga -titulado Ranking de actividad parlamentaria. Estudio sobre la productividad, eficacia y eficiencia de los parlamentarios autonómicos ha analizado la actividad de los parlamentos autonómicos en España desde el 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio de 2024.
En total se ha trabajado la actividad de 17 parlamentos autonómicos, 38 partidos políticos y más de 8.000 iniciativas parlamentarias.
Se ha analizado la actividad de 17 parlamentos autonómicos, 38 partidos políticos y más de 8.000 iniciativas parlamentarias
En este tiempo, Andalucía empezaba el segundo curso político de la segunda legislatura de Juan Manuel Moreno, con mayoría absoluta del PP, y en Cataluña se afrontaba el último año como president de Pere Aragonés (ERC). De este período, a grandes rasgos, Cataluña lidera la actividad legislativa en términos absolutos (seguida por Navarra y Andalucía), mientras que es en el Parlamento andaluz donde más actvidad de control al Ejecutivo existe.
“Pretendemos contribuir a la necesaria rendición de cuentas de los parlamentarios autonómicos y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos para que puedan tomar sus decisiones”, afirma el director del informe, Julio César Herrero, que ha contado con la coordinación de Xavier Peytibi.
Actividad y productividad por Comunidad Autónoma
Cataluña lidera la actividad legislativa en términos absolutos, seguida por Navarra y Andalucía. Sin embargo, al ajustar por el número de parlamentarios, Navarra destaca como la comunidad más productiva, seguida por Murcia y Castilla-La Mancha. En contraste, el País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana presentan la menor productividad parlamentaria.
País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana presentan la actividad parlamentaria más baja de entre todas las comunidades
Este análisis revela que la productividad no solo depende del número de iniciativas presentadas, sino también de la capacidad de los parlamentos para gestionar y aprobar dichas iniciativas. Navarra, por ejemplo, ha demostrado una notable eficiencia en la tramitación de sus propuestas legislativas, lo que la sitúa a la cabeza en términos de productividad ajustada.
Pactos entre Grupos Parlamentarios
A nivel nacional, el 19% de los pactos han sido entre el PP y Vox, un porcentaje que se explica por la conviencia en numerosos gobiernos autonómicos de ambas formaciones tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Comunidad Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia vieron nacer estos ejecutivos, que saltaron por los aires este pasado verano. Antes, ya habían ensayado esta fórmula en Castilla y León. Esos acuerdos se traducen en las mayorías parlamentarias que impulsan sus respectivas agendas de gobierno.
Entre los pactos posibles, le siguen, a distancia, los de PSOE y Podemos en otras asambleas regionales.
El parlamento que más acuerdos concita es el de Canarias, con 118 acuerdos (conseguidos por el pacto de gobierno entre Coalición Canarias, PP y un partido independiente de la isla de El Hierro), seguida por Cataluña y Navarra.
En contraste, Andalucía y Galicia no presentan ningún pacto debido, fundamentalmente, a sus mayorías absolutas, tampoco Baleares. "La capacidad de los parlamentos para alcanzar acuerdos entre diferentes grupos es un indicador clave de su funcionamiento democrático", se lee en las conclusiones de este informe.
En cuanto al control de la acción de gobierno, Andalucía es la comunidad que ejecuta más fiscaliza la labor del Ejecutivo autonómico, con 22,612 acciones, representando el 25,22% del total. En este sentido, se han contabilizado, según aclara el director del informe, "todas las iniciativas de control parlamentario para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas: interpelaciones, solicitud de comparecencias, preguntas orales y preguntas escritas, que no sólo realiza la oposición; también son las iniciativas de control de los grupos que sostienen al gobierno".
En términos absolutos, es lógica esta dimensión de la labor parlamentaria en Andalucía, puesto que hay 109 diputados, sin embargo, indica Herrero, "también lo es en términos relativos: si valoras el dato en relación al número de diputados sigue siendo una barbaridad. La Rioja tiene unas 3.500 acciones y son 33 parlamentarios. Andalucía tiene 109."
Las comunidades con menor actividad de control son Murcia, Castilla y León y Navarra
En cualquier caso, "tener menos diputados no implica necesariamente que haya menos acciones. De hecho, Cataluña tiene incluso menos acciones de control que La Rioja y tiene 135 diputados", apunta Herrero.
En cuanto a labores de control, sigue en el top Madrid y Baleares son las más actividad. Las comunidades con menor actividad de control son Murcia, Castilla y León y Navarra.
Eficacia y eficiencia Legislativa
Baleares encabeza las tasas de aprobación con un 69% de sus iniciativas legislativas, seguida por Canarias y Navarra. En términos de eficiencia legislativa, destaca el Grupo Parlamentario Más por Mallorca en Baleares, el Grupo Mixto en Aragón y el BNG en Galicia. "La eficacia legislativa se mide por la capacidad de los parlamentos para aprobar leyes que respondan a las necesidades de la ciudadanía", aclara el informe.
Por último, el estudio también resalta las diferencias en la accesibilidad y formato de los datos publicados por los parlamentos autonómicos, "lo que ha supuesto un desafío significativo para la investigación", indica la dirección del informe. Aunque cumplen con la normativa de transparencia, la ausencia de estándares uniformes y la falta de formatos descargables dificultaron el análisis comparativo y el tratamiento eficiente de la información.
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