TERREMOTO ACCIONARIAL
‘Operación Telefónica’: Gobierno y LaCaixa invertirán 3.800 millones para crear un núcleo duro español frente a Arabia
El Ejecutivo, CriteriaCaixa y BBVA podrán unir fuerzas para blindar la teleco con participaciones conjuntas de cerca del 27%, casi el triple que el objetivo de Saudi Telecom de controlar un 9,9%
![El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la junta de accionistas.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e4acdc2b-b78b-4a60-9e01-b0d028b6a8ec_16-9-aspect-ratio_default_1304134.jpg)
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la junta de accionistas. / Telefónica
Telefónica se ha embarcado desde hace meses en una sacudida accionarial constante, con movimientos de calado que están redibujando los juegos de poder en su capital. La teleco va a contar con un renovado núcleo duro de accionistas españoles, con mucho más peso que los socios estables tradicionales, y con capacidad de sobra para contrarrestar el plan de Arabia Saudí de convertirse en el mayor accionista de la operadora española.
Una nueva Telefónica con una nueva gobernanza. Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, aspira ahora duplicar su participación actual en la teleco para alcanzar el 10% del capital y conseguir así igualar la posición que ahora tiene el Gobierno, que también acaba alcanzar el 10% en la operadora a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El universo LaCaixa cuenta de momento con un paquete adicional del 2,5% en manos de CaixaBank, de la que Criteria es su máximo accionista, aunque es previsible que la participación en manos del banco vaya reduciéndose.
El retorno del Estado al capital de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización y el fuerte aumento previsto de la posición de CriteriaCaixa -para el que no existen plazos de ejecución- permitirán conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles junto a BBVA (con un 4,87%) para blindar un grupo que se considera estratégico para los intereses nacionales, por su vinculación con la defensa y seguridad nacionales y por su papel clave en la digitalización del país.
El Gobierno ha completado su desembarco en el accionariado de Telefónica y ha cumplido ya su anunciado objetivo de alcanzar el 10% del capital, para lo que ha ejecutado inversiones por 2.285 millones de euros en un tiempo récord de apenas cinco meses. CriteriaCaixa ya duplicó a principios de abril su participación en la operadora (desde el 2,69% hasta superar el 5%) con una inversión de más de 364 millones de euros, según desveló el grupo a la SEC, el supervisor bursátil de EEUU. Y el plan del brazo inversor de Fundación LaCaixa de volver a doblar su paquete en Telefónica hasta el 10% le exigirá ejecutar compras por cerca de 1.180 millones adicionales, según los niveles actuales de cotización en bolsa de la teleco.
En total, la ‘Operación Telefónica’ para blindar su españolidad y autonomía conformando un renovado núcleo estable de socios nacionales movilizará inversiones de más de 3.800 millones de euros en compras de acciones por parte del Estado y de Criteria. Es la respuesta del Gobierno y del grupo inversor a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su plan de controlar un 9,9% del capital, desvelado el pasado septiembre. El nuevo núcleo duro español de Gobierno, Criteria/CaixaBank y BBVA controlaría participaciones accionariales en la compañía de más del 27%, casi el triple del objetivo que se ha marcado Arabia.
Contrarrestar el plan saudí
Saudi Telecom (STC), la teleco controlada por el Estado saudí, anunció a principios de septiembre la compra de una participación directa del 4,9% de las acciones de Telefónica y de otro 5% adicional de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. Con la reducción de capital realizada hace unas semanas por la teleco española esas participaciones han crecido automáticamente: el paquete directo de STC se ha elevado hasta cerca el 4,97% (aún por debajo del tope legal del 5% que le obligaría por fuerza a pedir autorización al Gobierno de forma inmediata) y la participación indirecta se ha elevado hasta casi un 5,075%.
Arabia Saudí actualmente, entre participaciones directas e indirectas ‘prestadas’ -estas últimas no le dan derechos políticos de voto-, maneja más de un 10% del capital de Telefónica (un 10,04%, en concreto). Una escalada automática con la que de manera virtual Riad superaría la participación del 10% que ya controla de manera efectiva el Gobierno español.
El denominado ‘escudo antiopas’ -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con carácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional.
Es el caso de Telefónica debido a sus contratos con las Fuerzas Armadas. Así que Arabia Saudí tiene que pedir autorización expresa al Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, para superar la cota del 5% o para tener representación en el consejo de administración de la compañía. La reducción de capital ha dejado a la saudí STC a las puertas de rebasar ese tope con su participación directa, pero sin superarlo no está obligada a activar la autorización de manera inmediata. Pero Arabia Saudí sí se expone a un nuevo escenario si quisiera ejecutar todos las acciones que maneja mediante derivados financieros.
Y es que, en tal caso, se abriría otro proceso de autorización -esta vez a través del Ministerio de Economía- para poder rebasar el 10% en la operadora. En ambos casos la operación debe contar con los informes preceptivos de la Junta de Inversiones Exteriores (en la que participan varios ministerios, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional) y también pasar por el Consejo de Ministros para la autorización final. Fuentes del mercado anticipan que Arabia Saudí se decantará por no ejecutar todos los derivados ahora en sus manos para no superar así el 10% y evitar así complicar aún más el proceso de autorizaciones de las autoridades españolas. Fuentes oficiales de STC no hacen comentarios sobre las opciones que maneja.
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