La fiscal que quiso investigar los correos del despacho fundado por Montoro recurrirá su sanción de 1.000 euros

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho suya la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria, Manuel Moix, de imponer una multa de 1.000 euros a la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá al considerar que cometió una falta disciplinaria muy grave por desobedecer a su jefe, que le ordenó no seguir investigando los correos electrónicos con los que se topó el juez de Tarragona Rubén Rus Vela al investigar a Equipo Económico, el bufete creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y del que dijo que se había desvinculado dos años después. La representante del ministerio público recurrirá la sanción, informaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del entorno de García Cerdá.

El decreto en el que se impone la sanción, adelantada por El Español y confirmada por este diario, se refiere en términos muy duros a la actuación de García Cerdá, de la que dice que recurrió a "subterfugios" y "argucias" para burlar una orden del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, "subrepticiamente", así como que actuó de forma "torticera" para poder desobedecerle, acusación que ella siempre ha negado.

La investigación disciplinaria contra Carmen García Cerdá se inició en noviembre por la Inspección fiscal por una presunta desobediencia de García Cerdá tras el freno que el jefe Anticorrupción impuso a la profundización en los correos electrónicos hallados en el marco de la investigación penal abierta a Equipo Económico. El expediente acabó sobre la mesa del promotor de la acción disciplinaria de la Fiscalía, Manuel Moix, quien tras llamar a declarar a García Cerdá y a otros implicados, propuso la sanción que le ha sido finalmente impuesta.

El expediente la considera autora de una falta muy grave, porque tras la orden de su jefe presuntamente trató con los investigadores de la causa abierta contra Equipo Económico en un juzgado de Tarragona. Dicha conversación versó sobre las pruebas que vendrían a documentar que este despacho usó en beneficio de sus clientes sus influencias entre los altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno del PP.

Según la investigación realizada por este diario, los investigadores de la causa seguida contra el bufete montado por Montoro en 2006 han tenido acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como los Pujol, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Luzón habría ordenado a García Cerdá cesar en estas líneas de investigación, al no ver que pudiera prosperar una acusación de revelación de secretos al respecto.

Discrepancias con el jefe

Este asunto dio lugar a una junta de fiscales de Anticorrupción el pasado 26 de septiembre, propiciada por García Cerdá, que había invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal. La reunión se resolvió a favor de Luzón, que recabó 19 apoyos frente a los 5 de su subordinada. Fue después de este capítulo cuando se inició la investigación disciplinaria a García Cerdá.

La diferencias entre esta fiscal y Luzón van más allá de este caso. También han chocado por algunos aspectos de la investigación de la trama 'Púnica', donde tanto García Cerdá como Teresa Gálvez optaron por no suscribir el informe de la pieza número 9 -sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid-, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Se entregó solo con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.

Se da la circunstancia de que García Cerdá también obligó en su día a una reunión de la junta de fiscales cuando Moix fue jefe de Anticorrupción. Entonces fue para dejar patente que tanto ella como su compañero entonces en el caso Lezo, Carlos Yáñez, consideraban necesarios registros en la causa en la que el principal imputado era el expresidente madrileño Ignacio González.

Moix tuvo que dimitir de la jefatura de Anticorrupción en junio de 2017, tan solo 87 después de asumir el cargo, al trascender que tenía una participación en una empresa panameña con sus hermanos. A pesar de ello, desde noviembre pasado es el promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado.